IEn la memoria política reciente, pocos espectáculos han sido tan sorprendentes como la visión de David Cameron regresando a Downing Street para convertirse en el nuevo secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Pero el regreso de Cameron al estilo Lázaro aún puede verse eclipsado por la resurrección de la carrera del separatista catalán exiliado Carles Puigdemont.
Tras las inconclusas elecciones anticipadas del verano en España, el partido Juntos por Cataluña de Puigdemont se ha encontrado inesperadamente ocupando un papel decisivo mientras el primer ministro interino, Pedro Sánchez, busca suficientes votos para permanecer en el poder. El precio de su apoyo es un acuerdo de amnistía que podría beneficiar a Puigdemont y a cientos de otros activistas que enfrentan cargos penales relacionados con su fallida campaña de independencia.
Sánchez es conocido por sus apuestas políticas, pero ésta puede ser la más importante. Tras haber descartado tal amnistía antes de las elecciones, las matemáticas del resultado le han obligado a pensar de nuevo. Las encuestas sugieren que más de dos tercios de los españoles se oponen a una amnistía, y es probable que la rehabilitación del belicoso señor Puigdemont sea aún menos popular. El fin de semana hubo protestas en todo el país, organizadas por el Partido Popular (PP) de centroderecha y el partido de extrema derecha Vox. Es probable que el proceso legal, que se desarrollará caso por caso, sea prolongado, prolongado e impopular.
Sin embargo, a pesar del tenso contexto, Sánchez tiene razón al correr el riesgo, y no sólo por motivos de interés político propio. En 2021, también hubo protestas tras su decisión de indultar a nueve separatistas catalanes encarcelados. En ese momento, observó que “la sociedad española necesita pasar de un mal pasado a un futuro mejor, y eso requerirá magnanimidad”. Seis años después de que el mal concebido referéndum de Puigdemont provocara una respuesta draconiana de Madrid, eso sigue siendo cierto.
Sin duda, los indultos ayudaron a desactivar confrontaciones venenosas que llevaron a la peor crisis constitucional de España desde el regreso de la democracia. El entusiasmo catalán por la acción unilateral ha disminuido desde 2017, mientras que el apoyo a la independencia ha caído desde un máximo del 49% a un mínimo del 40%. El colega socialista de Sánchez, Santos Cerdán, estuvo justificado al decir la semana pasada que las negociaciones actuales ofrecían una «oportunidad histórica para resolver un conflicto que podría -y debería- resolverse sólo políticamente».
En un debate parlamentario de dos días, que promete ser tormentoso, es casi seguro que Sánchez será confirmado por estrecho margen como primer ministro el jueves, ayudado por los votos nacionalistas vascos y los separatistas catalanes. En un país donde la política se ha fracturado y polarizado profundamente, este es un resultado confuso y frágil. Pero también es mucho mejor para España que un gobierno liderado por el PP, que habría sacado a la extrema derecha del frío por primera vez desde el fin de la dictadura.
Tras haber tenido un desempeño decepcionante en las elecciones, el ultranacionalista Vox utilizará la amnistía como un medio para reagruparse. Las manifestaciones de protesta en las que participan políticos de Vox y grupos neofascistas han dado lugar a violentas escaramuzas con la policía. El líder del partido, Santiago Abascal, ha llamado a una campaña de resistencia y describió la votación del jueves como un «golpe de Estado». Sánchez tendrá mucho trabajo por delante para conciliar a la opinión pública española, y a muchos miembros del poder judicial, con su acuerdo con Puigdemont y compañía. Pero como baluarte contra ese extremismo de extrema derecha, su presencia continua en el poder será una buena noticia para el país y para Europa.
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