Varios agentes que participaron en la investigación relativa a El Pequeño Nicolás han declarado este martes como testigos en el marco del juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid contra Gómez Iglesias, dos policías municipales, un guardia civil y el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. El Ministerio Público pide 9 años y 9 meses de prisión para el joven por presuntos delitos de integración en grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, entre otras.
En el juicio, el inspector Rubén Eladio López ha explicado al tribunal que fue durante la entrada y registro que se llevó a cabo en octubre de 2014 en el domicilio de El Pequeño Nicolás que tuvo conocimiento de que el joven había accedido a información confidencial procedente de bases policiales.
«Él mismo lo confiesa. Lo dice con mucho detalle. Dice que los policías les facilitaban los datos de las matrículas. Y además da detalles cuando es un vehículo del CNI o de placa reservada», ha señalado en calidad de testigo para luego añadir: «Nuestra labor en la investigación es contrastar lo que dice».
Por ello, ha puntualizado que se incautaron mensajes de Whatsapp y de Telegram que evidenciaban dicho comportamiento. «Se cuidaban mucho», ha dicho, al tiempo que ha precisado que Gómez Iglesias utilizaba «chats secretos con autodestrucción».
Aún así, ha precisado que «ha sido bastante fácil acreditarlo». «Todo ha quedado registrado», ha indicado al hacer referencia a las evidencias que recabaron sobre las actuaciones de los agentes que accedían a las bases de datos para facilitar información de matrículas a El Pequeño Nicolás.
«Hablaban de lechugas verdes y moradas; y decían expresamente: ‘Págame el resto'», ha apuntado el inspector, quien ha señalado a Gómez Iglesias como el líder de la organización y a Jorge González Hormigos -uno de los policías municipales procesados- como su mano derecha.
En el marco de su declaración, el inspector ha recordado que Gómez Iglesias le presentó varias denuncias tras llevarse a cabo la investigación.
«Hay un grupo organizado» Al margen, durante la sesión de este martes, ha declarado también un agente de Asuntos Internos de la Policía -que luego fue apartado de la comisión judicial que llevó las pesquisas inicialmente-. Éste ha asegurado que «los datos que había en el teléfono de Nicolás dan a entender que hay un grupo organizado con una jerarquía y que se cobraba dinero».
«Yo no he podido verlo, me baso en lo que se ha extraído del teléfono móvil, del correo, de Telegram», ha subrayado el agente al tiempo que ha insistido en que se basa en la información recabada en la investigación policial. «Yo no puedo asegurar que haya cobrado. Según los mensajes que se ponen entre ellos, sí. Pero yo no lo puedo asegurar. No lo he visto», ha añadido.
Al hilo, ha apuntado que en la entrada y registro en el domicilio de Gómez Iglesias se encontraron anotaciones que revelaban que varias personas cobraban cantidades concretas de dinero.
La investigación Aunque estaba previsto que El Pequeño Nicolás y el resto de acusados declararan este martes ante el tribunal, finalmente han comparecido -durante más de tres horas- en calidad de testigo varios agentes de la Policía Nacional.
El agente de Asuntos Internos que ha situado a Gómez Iglesias en el marco de una organización criminal ha relatado al tribunal que la investigación empezó porque en 2014 Presidencia del Gobierno comunicó a la Policía Nacional que había alguien que se hacía pasar como miembro del Ejecutivo, de Casa Real y/o del CNI, que aportaba documentos que no eran oficiales.
Según ha señalado, a raíz de dicho aviso se hicieron vigilancias a El Pequeño Nicolás. Aunque no ha podido precisar cuántas fueron, sí aseguró que tuvieron lugar durante al menos 10 días. Ha indicado, sin embargo, que él no participó en ninguna de las vigilancias, pero que -según le contaron sus compañeros- Gómez Iglesias iba en un coche negro con «rotativos luminosos» y se «saltaba semáforos».
El testigo ha señalado que la entrada y registro en el domicilio de Gómez Iglesias se produjo antes de que se le tomara declaración. Aunque, según ha incidido, en aquel momento ya contaban con la testifical del empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, que decía sentirse estafado por El Pequeño Nicolás.
Al margen, otro de los agentes ha asegurado que no tuvo acceso al auto de entrada y registro dictado el 14 de octubre de 2014 y que no sabía bajo cuáles delitos se practicó aquella diligencia que dio origen a la investigación. «Yo no tomaba la decisión. Yo fui como Policía Judicial», ha señalado.
«Saldrá bien» Gómez Iglesias ha empezado esta segunda sesión confiado en que «saldrá bien», según ha dicho a la prensa a su llegada a la Audiencia Provincial, poco antes de que comenzara el juicio. «Ahora o más tarde, pero saldrá bien. Así que a jugar el partido», ha señalado.
La Fiscalía pide para el joven una pena de 9 años y 9 meses de prisión. La Asociación de Policía Municipal Unificada pide 23 años de prisión, mientras que el Ayuntamiento de Madrid reclama hasta 10 años de cárcel. La Abogacía del Estado y Podemos han desistido.
En este procedimiento, el Ministerio Público solicita 8 años y 6 meses de prisión para los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos. Además, reclama 2 años y 8 meses de cárcel para el guardia civil Francisco Javier Sánchez López. Y pide una multa de 4.500 euros para el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, por un presunto delito de violación de secretos.
Según la investigación llevada a cabo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el ‘modus operandi’ «siempre fue el mismo»: Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación.
«Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas», señaló el juez cuando les procesó.
