Donald Trump se ha colgado una nueva medalla en la pretendida lucha contra el racismo que persigue a los blancos. Un grupo de 49 sudafricanos blancos ha aterrizado este lunes en Washington DC como parte de una nueva política del presidente de EEUU que usa los fondos de emergencia retirados de todos los demás programas de refugiados, incluidos los que atendían a personas que huyen de la guerra, la hambruna o la persecución. Todos ellos permanecen cancelados, y los fondos se han redireccionado para atender a lo que el actual Gobierno considera prioritario, la lucha contra lo que Trump llama “racismo contra los blancos”.
De los 8.000 personas que mostraron interés por este programa destinado a granjeros sudafricanos de la minoría blanca Afrikaner, solo 100 fueron identificados como potenciales solicitantes por cumplir los requisitos, y menos de la mitad de estos han sido finalmente trasladados a Washington. Esta baja demanda prueba lo que los expertos llevan alertando desde que esta iniciativa se puso en marcha: el órdago trumpista ha ganado más tracción en algunos círculos ultra conservadores de EEUU, que en Sudáfrica.
Así culmina una cruzada más de Trump con su aliado Elon Musk, originalmente sudafricano, nacido en una familia blanca privilegiada. El país africano, que sigue gobernando la mayoría negra tras volver a vencer en las elecciones de hace casi un año, sigue aquejando unas fuertes desigualdades raciales a pesar de que el régimen del Apartheid terminara hace 30 años. Hoy, los blancos representan el 7% de la población nacional, pero aún controlan un 70% de las tierras agrícolas privadas, según cálculos oficiales.
Refugio prioritarioEl operativo marca una excepción en la política migratoria ultrarrestrictiva de Trump. En cambio, el presidente puso en marcha el plan acelerado para los Afrikaners con una orden ejecutiva firmada en febrero. Los primeros traslados han llegado solo tres meses después, un plazo muy por debajo del habitual, de entre 18 y 24 meses. Los recién llegados tendrán una vivienda preparada al llegar a EEUU, y serán asistidos con comida, ropa y teléfonos de prepago.
La Casa Blanca argumenta que los Afrikáners sufren persecución racial en Sudáfrica, una tesis rechazada de plano por el Gobierno de Pretoria. «Esto es persecución basada en una característica protegida, en este caso, la raza», declaró Stephen Miller, considerado el principal arquitecto de las políticas antimigración de Trump.
Crisis diplomáticaLa intervención estadounidense ha originado la enésima crisis diplomática. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Chrispin Phiri, ha tachado el plan de “político” y de intentar “cuestionar la democracia constitucional de Sudáfrica”. Las denuncias de discriminación racial “no alcanzan el umbral de persecución exigido por la legislación nacional e internacional”, defensió ante los medios. El malestar ha escalado. El viceministro sudafricano de Exteriores, Alvin Botes, expresó su protesta directamente al Departamento de Estado pocos días antes del vuelo, una objeción que fue ignorada.
Trump justifica su intervención por una polémica ley que permite la expropiación de tierras sin compensación en casos muy concretos, como terrenos en desuso o de interés público. Aunque cada confiscación se someterá a revisión judicial, y la ley afecta a una ínfima parte del territorio, el Gobierno trumpista vio la oportunidad de entrar a generar debate por cómo podría impactar en los terratenientes blancos, aunque el texto legal no dirige la norma hacia estos.
El Gobierno de Cyril Ramaphosa, padre fundador de la paz post-Apartheid y presidente desde 2018, fue reelegido el pasado mayo, con el mandato de reparar las persistentes desigualdades sociales, marcadas por la brecha racial. El Gobierno sudafricano defiende que la nueva norma busca corregir los efectos del Apartheid, durante el cual la población negra fue desposeída de sus tierras. Con todo, la implementación de la ley está siendo ineficaz por la elevada corrupción que sacude el país.
Excepción ejemplificanteLa decisión ha encendido las críticas también en EEUU. Organizaciones de derechos humanos denuncian un uso político y selectivo del sistema de asilo, mientras miles de personas con solicitudes aprobadas llevan meses bloqueadas, pese a órdenes judiciales que instan al Gobierno a permitir su entrada.
Pese a la controversia, o alimentados de ella, la Casa Blanca ha preparado un acto oficial de bienvenida en el aeropuerto de Dulles, en Washington DC. Para Trump el símbolo es doble: se reafirma en su cruzada contra las políticas de diversidad y lanza un mensaje al mundo de su capacidad de intervenir en países extranjeros.
