La obligación de todo empleado de fichar cada día y registrar cuanto tiempo trabaja cumple cuatro años y más de la mitad de las compañías sigue sin superar la prueba del algodón de la Inspección de Trabajo. Sistemas que dejan de contar cuando un trabajador excede su límite teórico de horas, jefes que falsean los cuadrantes o compañías que directamente carecen de cualquier tipo de mecanismo, aunque sea para aparentar, son algunos de los fraudes más habituales en los que incurren las corporaciones incumplidoras.
El registro de jornada fue una norma que aprobó en 2019 el primer Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Magdalena Valerio al frente de la cartera de Trabajo. La voluntad de la misma era habilitar un mecanismo de control efectivo de las horas trabajadas y equiparar el marco laboral español al europeo, donde dicha obligatoriedad es algo habitual desde hace años. Con el fin de racionalizar los tiempos de trabajo, evitar el abuso con las horas extras (especialmente las no pagadas) y garantizar que los trabajadores cumplían con los descansos perceptivos entre jornada y jornada.
Cuatro años después, la normativa deja un balance agridulce. En España se trabajan un 8% más de horas extras cada mes –un total de 24,4 millones- y prácticamente la mitad no se pagan. Al mismo tiempo, el número de ocupados que echa más de 50 horas cada semana –la jornada ordinaria está en 40- ha disminuido levemente: en 2019 representaban el 8% de los ocupados y hoy son el 7%, según los últimos datos de la encuesta de población activa del INE.
