Un año después de que el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, archivara la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP en Madrid respecto de Esperanza Aguirre y otros imputados, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado esta decisión.
El auto dado a conocer este martes, al que ha tenido acceso El Periódico de España, rechaza el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y concluye que lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño se ha quedado «sin respaldo indiciario incriminatorio» , lo que exonera definitivamente a Aguirre de cualquier responsabilidad en este asunto.
El auto ahora confirmado archivó la causa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras que propuso juzgar al exconsejero Francisco Granados.
Fundescam y Aguirre Por lo que se refiere al desvío de fondos de la Comunidad Autónoma de Madrid a favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), el recurso aludía a un informe de la Fiscalía Anticorrupción que ponía el acento en que la investigación había revelado la existencia de un concierto dirigido a que «fuesen los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares» del PP madrileño.
Los magistrados consideran, sin embargo, que en el auto dictado por García Castellón no aparece una afirmación de tal calibre, «es más, sí recoge el auto una conversación que Esperanza Aguirre mantuvo con (el luego presidente autonómico) Jose Ignacio González acerca de la función de Fundescam, su funcionamiento y su utilización como medio de financiación del partido popular madrileño.
En un momento de esta conversación, Aguirre habría afirmado: “Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues, puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”. Para la Sala, de dicha excusa se deduce precisamente lo contrario, pues no consta que la expresidenta haya utilizado los poderes que tenía adjudicados en su condición de presidente de la referida fundación. Así, concluyen que «no solo puede concluirse que no hubo un uso indebido de los fondos de la fundación por la citada, sino que del contexto de la conversación telefónica se deduce que ignoraba cuáles eran las funciones de la indicada fundación».
Además, sobre el destino del dinero desviado de las arcas públicas desde diferentes Consejerías de la Comunidad y sus entidades públicas dependientes, los magistrados Teresa palacios, Carmen paloma González y Fermín Echárri concluyen que tampoco existen datos incriminatorios sobre un plan institucional liderado por el PP que estuviera destinado a subvencionar el partido «en cuestión desde sus más altas instancias» y con la colaboración de las diversas consejerías·.
