Si hay algo que está claro es que debemos extremar la precaución con los movimientos de dinero: cuando realizamos una trasferencia por encima de la cantidad permitida, podemos enfrentarnos a una multa de hasta 2.500€ impuesta por la Agencia Tributaria. Más que eso, cualquier transacción que supere cierta cantidad deberá ser comunicada por parte de la entidad financiera el ministerio de María Jesús Montero, aunque no haya una investigación abierta ni razones para sospechar.
Con esta práctica, el organismo fiscal pretende evitar que se cometan fraudes: evasión de impuestos, movimientos de dinero negro, desempeño de actividades ilegales, etc. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se encargan de que todas las trasferencias cumplan escrupulosamente con los impuestos que deben pagar.
Las trasferencias de dinero siempre deben ser declaradas por la persona que las recibe, nunca por quien las realiza excepto cuando se trata de un envío superior a 10.000 euros o el equivalente en moneda extranjera o los movimientos superiores a 100.000 euros.
Siempre que se realiza una trasferencia hay que tributarla por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que define cualquier transacción como «el acto de libertad por el cual una persona gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta». Este impuesto está regulado por cada comunidad autónoma y es el «mínimo» a pagar por un intercambio de dinero.
Aunque todas las personas están obligadas a tributar por este impuesto, los bancos generalmente avisan a Hacienda cuando la cantidad supera los 10.000€. Por este motivo, aunque se trate de una trasferencia completamente altruista entre familiares (prestarle dinero a alguien o darle cierta cantidad) deben tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones si en su comunidad autónoma así se grava.
Multa por transferencias Aunque no existe un límite concreto para hacer trasferencias, sí es cierto que superamos la cantidad de 10.000€ y no declaramos el banco estará obligado a dar parte a Hacienda y podemos enfrentarnos a multas que varían entre el 2% y el 25% del importe que no se haya declarado correctamente.
