Hoy ha sido un día de celebración para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, aunque también de reivindicación. El tripartito de Cort se ha apoyado en la sentencia del Tribunal Supremo, que avala su prohibición del alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para reclamar al gobierno central, en palabras del alcalde, José Hila, medidas que permitan limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas como Palma, a las que la concejala de Modelo de Ciutat, Neus Truyol, ha añadido también la limitación de las compras de casas por parte de no residentes.
Decisión valiente A la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo, Hila ha recordado que la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares de toda la ciudad fue una decisión «valiente» adoptada por un equipo de gobierno que emprendió «un camino complicado y que el tiempo nos ha dado la razón».
De esta forma, según el alcalde, «hemos protegido al residente en una cuestión tan básica como el del acceso a una vivienda» en una decisión que fue pionera tanto en Balears como a nivel estatal como autonómico.
La primera autoridad municipal se ha congratulado de que el Tribunal Supremo haya hecho suyos los razonamientos del Ayuntamiento a la hora de aprobar esta norma basados en que el uso turístico no es propio del de vivienda ya que en esta es eminentemente residencial; debido al impacto de las estancias turísticas en la actividad y configuración y la convivencia social en los barrios; en la disponibilidad de los inmuebles para el arrendamiento de los residentes y por sus efectos «significativos» sobre el medio ambiente, los recursos naturales y las infraestructuras.
Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, quien ostentaba la alcaldía cuando en julio de 2018 se aprobó la norma por parte del pleno del Ayuntamiento, ha manifestado que esta sentencia es, en especial, «una victoria de la sociedad civil» y ha afirmado que «esta protección fue una iniciativa pionera no solo en el Estado, sino también a escala mundial y que, por encima de todo, pretende garantizar el derecho a la vivienda».
El ‘calvario’ judicial de Noguera Ha recordado también que, como consecuencia de esta aprobación, la patronal del turismo de alquiler Habtur le llevó a los tribunales, «intentando apartarme de la política por la vía judicial». Igualmente ha manifestado que la aprobación de la zonificación que solo permite la actividad del alquiler vacacional en las viviendas unifamiliares tanto si están entre medianeras como si no (aunque en este último caso ahora no es posible en los denominados núcleos tradicionales por la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma) fue posible con el impulso dado por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma quienes en 2017 consiguieron que el pleno del Ayuntamiento aprobara una iniciativa popular avalada por mas de 5.000 firmas en las que se solicitaba la prohibición de las estancias turísticas en todas las viviendas de la ciudad.
Por su parte, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha explicado que «la sentencia nos ha dado la razón en nuestros objetivos de defender una Palma y unos barrios que sean para sus residentes y no para el turismo ni el negocio de la especulación inmobiliaria».
Por último, en nombre de Podem Palma ha intervenido el teniente de alcalde Alberto Jarabo quien ha manifestado que la sentencia «acaba con las dudad y gana el derecho a la vivienda que tanto hemos defendido desde este equipo de gobierno». Para el dirigente podemita «la calidad de vida de una ciudad se mide también por la capacidad de su ciudadanía de adquirir una vivienda».
La sentencia remarca que la zonificación provisional aprobada por el Ayuntamiento incluye informes en los que se pone de manifiesto el impacto de la actividad del alquiler en pisos plurifamiliarees sobre la convivencia y la configuración de los barrios, además de provocar la falta de oferta de arrendamientos para la población residente. También se ponen de manifiesto que esta actividad acarrea «efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras y en la necesidad de no ampliar los usos concebidos para viviendas».
Espaldarazo a una norma en vigor En el caso de que la sentencia del Supremo hubiera sido desfavorable al recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), el alquiler vacacional en pisos estaría igualmente prohibido en Palma, puesto que lo anterior supondría la no aprobación de la zonificación prevista en la ley turística de balears de 2017 y, en consecuencia, la aplicación de la norma turística de 2012 aprobada por el PP, que tampoco permite el arrendamiento vacacional en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad. Pese a lo anterior, se considera que el hecho de que el Tribunal Supremo haya apoyado expresamente los tesis del Ayuntamiento de Palma les da un importante «espaldarazo» .
El alcalde manifestó asimismo que la aprobación de la prohibición, si bien no ha supuesto la erradicación de la oferta ilegal de pisos en arrendamiento vacacional, cuya inspección ahora corresponde al Consell de Mallorca, sí que ha supuesto «un freno a la oferta» que subía exponeicialmente antes de la aprobación de la norma.
