El PP de Castellón denunciará ante la Fiscalía las «facturas sin contrato» que Ximo Puig pagó presuntamente a su hermano, Francis Puig, cuando ocupó la alcaldía de Morella. Lo hará, según ha explicado, una vez el Ayuntamiento de Morella facilite la documentación requerida por el PP respecto a su etapa de gobierno en la alcaldía, correspondiente a los años 1995 a 2009, ya que «hasta la fecha el consistorio solo ha facilitado la relación de pagos de los dos últimos años y medio» en los que el jede del Consell estuvo al frente del municipio.
Así lo han asegurado este lunes frente a la Ciutat de la Justicia de Castelló Jesús Lecha, portavoz del PP en Morella; Miguel Barrachina, director de campaña y Salvador Aguilella, secretario general en la provincia. Lecha ha apuntado que el PP tiene en su poder, porque así se lo ha entregado el ayuntamiento de la capital de Els Ports, 1.580 facturas presuntamente vinculadas a empresas d Francis Puig, hermano del president, que ascienden a un montante de 721.726 euros. Unas facturas que corresponden al periodo que va entre 2010 y 2023.
«El dossier, una vez el Ayuntamiento de Morella cumpla con su obligación, será entregado al completo ante la Fiscalía para que investigue unos hechos que han sido práctica reiterada por el Ayuntamiento de Morella o, en su caso, por las empresas públicas que dependen del consistorio y que actúan como oficinas satélite del consistorio administrando el dinero de todos los vecinos de Morella», ha relatado Lecha.
«Hechos de extrema gravedad» Para Miguel Barrachina, diputado autonómico del PPCV, director de campaña autonómico y número 3 de la lista del PPCS a Les Corts, «los hechos que se relatan son de una gravedad extrema por lo que merecen que la Fiscalía investigue un modus operandi que arrancó en 1995 de la mano de Puig en alcaldía y que el hoy alcalde de Morella sigue practicando».
«Le pedimos a Ximo Puig que deje de obstaculizar a la Justicia», ha añadido Barrachina. Un deseo compartido por Salvador Aguilella, secretario general del PPCS y diputado provincial, quien ha reclamado «transparencia y colaboración de las instituciones públicas gobernadas por el PSOE». «Hay facturas a dedo, directas, fuera del principio de legalidad que debe regir cualquier procedimiento con dinero público, y eso es precisamente lo que queremos que investigue la Fiscalía», ha sentenciado.
