La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado tras la aprobación de la senda de déficit en el Consejo de Ministros que el Gobierno no renunciará a presentar Presupuestos aunque el Congreso vuelva a tumbarla. Lo hará, por tanto, con la senda vigente, que obligaría a hacer esfuerzos a las administraciones autonómicas y locales en materia de reducción de déficit. Este extremo conllevaría, según ha advertido, hacer un «ajuste» a las comunidades autónomas y ayuntamientos de 11.500 millones en los dos próximos años.
Montero ha apuntado a los “motivos partidistas” del PP para su oposición, evitando mencionar a Junts, que también votó en contra. Frente a ello, ha respondido que «desistan» a su intento vacuo de «obstaculizar» porque el Ejecutivo está igualmente determinado a presentar los Presupuestos. Una predisposición que ha querido dejar clara en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como viene haciendo también Pedro Sánchez en los últimos días, pero también mostrando la intención de los socialistas de seguir gobernando aunque no salgan adelante las cuentas públicas. Un escenario que los socios parlamentarios, sin embargo, no acaban de ver viable.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya aseguró ante el Comité Federal del PSOE que remataría la legislatura “con o sin concurso del poder legislativo”. El Ejecutivo parece así dispuesto a decir basta a la presión parlamentaria de los posconvergentes, cuyos votos son imprescindibles para asegurar la gobernabilidad. Sin renunciar al “diálogo”, como matizó la vicepresidenta primera, pero «con una hoja de ruta clara». «Frente al ruido de la derecha este Gobierno tiene clara la hoja de ruta y va a seguir trabajando con la próxima estación de presentación de los Presupuestos Generales», concluyó.
Desde el Ejecutivo intentan trasladar la presión a los socios y rebajar su capacidad de influencia para determinar el recorrido de la legislatura. «Negarle al país tener unos presupuestos lo tendrán que explicar aquello que en vez de enmendar las cuentas públicas, pues lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino», afeó la vicepresidenta primera para insistir en que «nosotros, a pesar de las chinas, vamos a seguir teniendo la iniciativa política».
En el Gobierno evitan poner fechas a la presentación de las cuentas públicas y hasta deslizan que podrían demorarse más allá de septiembre. La Constitución marca que deberán presentarse “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Fuentes del Ejecutivo justifican esta apuesta por seguir adelante, aun sin aprobar unas primeras cuentas públicas en esta legislatura, recordando que Mariano Rajoy lo hizo “siete años con dos presupuestos”. El “espíritu” de este Gobierno, señalan las mismas fuentes, pasa por avanzar “ley a ley”.
