A octubre le quedan diez días. Diez días para que se termine el plazo que se autoimpusieron PSOE y Sumar para cerrar un acuerdo de cara a la formación del futuro Gobierno de coalición. En ese pacto, en el que aún hay bastante flecos sueltos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que se recoga una medida esencial para su formación, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los socialistas, poco partidarios de implementar esta iniciativa, no parecen dispuestos a ceder ante la líder de Sumar, que este sábado ha anunciado que va a «dejarse la piel» en la negociación para sacar adelante esta propuesta.
Con Sánchez y su equipo inmerso en las conversaciones con ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria para sacar adelante la mayoría de 176 escaños necesaria para su investidura, Díaz sigue presionando al PSOE para llevar el acuerdo de coalición hacia su terreno. En un acto celebrado en Valencia, ha asegurado que va a «luchar» con los socialista para tener «el mejor gobierno de coalición progresista» y que la próxima legislatura sea la de los «avances sociales» frente a las «políticas del odio» de PP y Vox.
Entre esos avances, la líder de Sumar quiere que esté la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2024, con el objetivo de ir avanzando hasta fijarla definitivamente en 32 horas semanales. «Ha llegado la hora de avanzar», ha sentenciado, recordando que es una «vergüenza» que en España haya «la misma jornada laboral en los últimos 100 años». Pero este no es el único escollo que parece estar encontrándose en las conversaciones con los socialistas. Díaz también reclama que en esta legislatura se aborde la regulación de los despidos, aumentando los días de indemnización, algo que no consiguió con la reforma laboral aprobada en febrero de 2022.
Con las cartas puestas sobre la mesa, Díaz también ha desvelado que otro de los asuntos delicados de la negociación es la reforma de la financiación autonómica. «Hablar de financiación no es metapolítica, es hablar de la dependencia, de tener mejores escuelas públicas, de sanidad», ha enumerado, antes de señalar que tanto Sumar como Compromís, partido integrado en las papeletas de Díaz en las anteriores elecciones, están negociando con el PSOE para «conseguir la igualdad» de la Comunitat Valenciana.
El desmarque morado Justo esto, las demandas particulares de cada uno de los partidos que aglutinó bajo su marca, pueden convertirse en uno de los principales problemas de Díaz y, también, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este sábado, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha avisado que ellos no se sienten representados por la vicepresidenta segunda y que quieren hablar directamente con el PSOE. Según ha explicado, quieren negociar «por separado» porque «aspiran a hacer proyectos diferentes».
«Nosotros no estamos en esas negociaciones (de Sumar), nosotros las negociaciones las hacemos como Podemos», ha sentenciado en una entrevista en RNE. A este respecto, Sánchez Serna ha defendido subir el salario mínimo a 1.500 euros, congelar los precios del alquiler durante la legislatura, renovar el Consejo General del Poder Judicial o la continuidad de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente de ese departamento.
«Nosotros creemos que ahora mismo estamos en el momento de hablar. Hablar no es ni amenazar, ni poner líneas rojas, ni poner ultimátum, sino hablar de qué tipo de gobierno queremos. Si un gobierno que simplemente pues siga con lo que hay, sin tener ambición de futuro y sin plantear nuevas medidas (…) o vamos a un gobierno de coalición progresista, donde todos los actores políticos se sienten representados y tengan también posibilidad de plantear medidas», ha recalcado.