La Junta de Castilla y León no responderá al segundo requerimiento mandado por el Gobierno este pasado martes, en el que le pedía que se comprometiera por escrito (en un plazo de 30 días) a no acometer ninguna actuación, legal o por la vía de hecho, que vaya en contra de la ley de interrupción del embarazo, aprobada en el año 2010.
El Consejo de Gobierno autonómico, reunido este jueves, ha acordado, tras recibir el informe favorable de los servicios jurídicos, «inadmitir» el requerimiento efectuado por el Consejo de Ministros del martes, porque no se ha aprobado «ninguna norma» nueva en esa materia. En un primer momento, fuentes de la Moncloa han respondido que «un requerimiento no se inadmite, se contesta». Horas después, en la rueda de prensa en Barcelona que ha ofrecido Pedro Sánchez, este ha afirmado: «El Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento y que el Gobierno de España va a velar para que se cumplan los derechos de los españoles vivan donde vivan». En la Moncloa recuerdan que la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias.
Este choque entre la Moncloa y el Gobierno castellano-leonés, una coalición de PP y Vox, empezó la semana pasada, después de que el vicepresidente, Juan García Gallardo (Vox), anunciara un nuevo protocolo para las mujeres embarazadas que quieran abortar. Según informó a los medios de comunicación, los médicos iban a ser obligados a ofrecer a esas mujeres la realización de una ecografía 4D, la escucha del latido fetal y ayuda psicológica.
«Voluntad torticera» Este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que servicios jurídicos han informado a favor de no admitir el requerimiento, ante la «inexistencia del objeto sobre el que versa».
En la nota de prensa enviada por la Junta para informar de su decisión, se asegura que solo se entiende el envío del requerimiento por la «voluntad torticera y espuria» del Gobierno central, ya que «de forma proactiva e inmediata» Mañueco y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, habían dado explicaciones públicas en las que negaron la existencia de ningún acuerdo que fuera contra la ley del aborto de 2010.
Queda pendiente el requerimiento a la consejería Vázquez, por su parte, tiene pendiente todavía responder al primer requerimiento que el Ejecutivo central envió a Castilla y León el pasado domingo a través del Ministerio de Sanidad. Según fuentes del equipo de Mañueco, el consejero de Sanidad responderá a esa petición de explicaciones por los cauces habituales. En ese primer aviso, se le pedía al Gobierno castellano-leonés que comunicara de manera inmediata los «protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales» que, según había anunciado Vox, iban a entrar en vigor el pasado lunes.
