La ampliación de las medidas de apoyo a los hipotecados con problemas de pago que el Gobierno y la banca pactaron hace un año vuelve a provocar un choque entre el Ejecutivo y el Banco de España. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha insistido este martes en su voluntad de convocar a la banca -«en cuanto se conforme el Gobierno, espero que muy pronto»- para extender el Código de Buenas Prácticas. Pero la subgobernadora del organismo supervisor, Margarita Delgado, ha defendido «deberíamos todavía esperar algún trimestre más» antes de siquiera plantearse dicha ampliación.
Calviño ya intentó en junio extender el plan, pero el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo frenó en un tenso encuentro en el que también estaban presentes las patronales bancarias (AEB y CECA), la asociación de consumidores Asufin y representantes de las personas mayores. La reunión que la vicepresidenta quiere convocar en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo estaba prevista en principio para septiembre, pero finalmente fue retrasada porque el Ministerio de Economía entendió que el Consejo de Ministros no podía estar en funciones para aprobar los cambios que quiere impulsar.
La vicepresidenta ha anunciado este martes en el Senado que quiere extender en el tiempo la eliminación de las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, previstas inicialmente solo para 2023. En cualquier caso, la medida estrella que pretende sacar adelante es elevar la renta conjunta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para el alivio hipotecario de hogares de clase media. Así, pasaría de los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM) a la «renta media» (37.800 euros). La iniciativa fue anunciada por Calviño y Pedro Sánchez durante la campaña electoral del pasado julio y ha sido incluida en el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Sumar.
Evidencias para valorar Frente a ello, la subgobernadora del Banco de España ha dejado claro el rechazo de su institución a la ampliación del código, que comparten los propios bancos. «Tenemos que esperar un poco más para hacer una valoración en profundidad y basada en la evidencia para ver si efectivamente está sirviendo o no está sirviendo. La renta disponible ha recuperado poder adquisitivo y se ha mantenido, con lo cual yo creo que deberíamos todavía esperar algún trimestre más para sacar conclusiones definitivas», ha argumentado en unas jornadas de Deloitte y ‘ABC’.
Según reveló el Banco de España la semana pasada, el plan de ayuda a los hipotecados recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, una cifra «limitada» respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque también «notablemente superior» al número de peticiones que venía registrando el anterior Código de Buenas Prácticas, creado en 2012.
Solo un 8% de las solicitudes han sido ya aprobadas (3.424 hipotecas por valor de 480 millones de euros), mientras que al rededor de un 50% están pendientes de resolverse (21.400) y en torno al 40% han sido rechazadas (unas 17.120), principalmente -en un 90% de dichos casos- por no cumplir los requisitos. La subgobernadora, en cualquier caso, ha dado por sentado que las cifras de peticiones aceptadas aumentarán: «Del 50% pendiente, no es posible que mucho se vaya a rechazar; posiblemente se esté analizando y esté pendiente de formalización, papeleo o justificación de las condiciones».
