La injerencia del Kremlin en Europa y sus supuestas conexiones con las fuerzas políticas independentistas en Cataluña han protagonizado el debate más animado hasta el momento de la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se está celebrando esta semana en Estrasburgo, una de las últimas de la presente legislatura antes de la celebración de las elecciones europeas en junio. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha incluido la existencia de «contactos regulares» entre líderes y activistas secesionistas con funcionarios rusos durante y después del referéndum no autorizado del 1-O en la lista de más relevantes operaciones de influencia atribuidas al Kremlin en el continente en los últimos años, comparándola incluso con el Brexit que propició la salida del Reino Unido de la UE. «La era de la inocencia de Europa ha concluido», ha advertido Schinas a Rusia.
Schinas ha dibujado un vasto panorama de amenazas híbridas que se ciernen sobre la UE lanzadas desde Rusia, centrando también su atención en las recientes revelaciones de la web de investigación ‘The Insider’ de que la diputada letona Tatjana Zdanoka había coordinado sus actividades con agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, exKGB) durante las dos últimas décadas. «No solo es profundamente preocupante, sino que es un deber (de la cámara) averiguar quién más ha jugado el papel de Moscú», ha subrayado.
El expresident Carles Puigdemont, a cuyo entorno se le atribuyen también contactos con funcionarios y ciudadanos rusos vinculados al FSB, no se hallaba este martes en el hemiciclo de la capital alsaciana. En su lugar, ha intervenido el diputado de Junts per Cat Alfons Comín, quien ha negado categóricamente las acusaciones y ha insistido en la vocación europeísta de su formación política. Según sus palabras, Junts aspira a una UE «más integrada» y a un Catalunya convertida en un Estado miembro de pleno derecho, y todo lo que ha publicado la prensa española e internacional sobre los tratos de Puigdemont y su entorno con Rusia son «una farsa», cuestionando Comín la imparcialidad de la justicia española.
Turno de respuestasEl turno de respuestas ha sido aprovechado por representantes de los tres grupos políticos de derecha en España -Partido Popular, Ciudadanos y Vox- para fustigar no solo al independentismo catalán, sino también arremeter contra las intenciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de amnistiar a algunos de los implicados en la trama rusa del procés, como el propio Puigdemont. Herman Tersch, eurodiputado de la ultraderecha, ha acusado al Kremlin de ofrecer «mercenarios y dinero» a los secesionistas para «destruir la nación más antigua del continente». Javier Zarzalejos, del PP, considera que el Ejecutivo español quiere amnistiar «no solo a Puigdemont, sino a Putin también». Jordi Cañas, de Ciudadanos, cree que hay que «investigar» para que todo salga la luz, razón por la cual «no puede haber amnistía».
Con contadísimas excepciones, las numerosas intervenciones de los eurodiputados en el debate que llevaba por título ‘Russiagate: acusaciones de interferencia en los procesos democráticos europeos’ han tenido como mínimo común denominador la constatación de la tremenda amenaza que suponen las campañas de injerencia y desinformación lanzadas desde el Kremlin, además de la necesidad de la cámara de dotarse de instrumentos adicionales para contrarrestarla, circunstancia que permite entrever un amplio consenso en la UE respecto a este tema. Algunos europarlamentarios han evocado la necesidad de publicar un informe sobre los vínculos y la financiación de fuerzas políticas populistas, las más cortejadas por Moscú, antes incluso de la celebración de los comicios europeos, para que los ciudadanos acudan a votar «con conocimiento de causa». El parlamentario irlandés antisistema Mick Wallace, integrado en el grupo ‘La Izquierda en el Parlamento Europeo’, se burló de las intervenciones de los legisladores, llegando a calificarlos de «incompetentes».
