La Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, aborda este miércoles profundamente dividida cuál debe ser la postura del Ministerio Público frente a la querella presentada por la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra dos miembros de la carrera, el fiscal al que ha correspondido investigarle por fraude fiscal -Julián Salto- y su superior jerárquica, la jefa provincial de Madrid Pilar Rodríguez.
El asunto ha terminado implicando a toda la cúpula fiscal después de que María de la O Silva, a la que correspondió informar sobre esta acción penal contra sus compañeros, mostrara su desacuerdo con la número dos del fiscal general del Estado, que le había ordenado instar la inadmisión de la querella del empresario.
La querella, relacionada con una nota de prensa en la que aparecían datos de un pacto propuesto por la defensa de González Amador para evitar el juicio, aún no ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque ha causado una profunda crisis en el seno de la Fiscalía.
La fiscal Silva mostró su desacuerdo con la orden de su jefa, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, puesto que antes de interesar el archivo sin más contra los fiscales de Madrid pretendía realizar unas averiguaciones previas con el fin de determinar cuál fue la cadena de mando que dio lugar a la emisión de la citada nota de prensa. Por ello ha invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal y ello ha obligado a convocar a la cúpula de la institución.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ya asumió la «responsabilidad última» por la nota informativa emitida y por ello se ha abstenido de participar en la reunión, en la que están presentes un total de 32 fiscales. También han excusado su presencia el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los máximos responsables de la fiscalía de Criminalidad Informática (Elvira Tejada), Medio Ambiente (Antonio Vercher) y Jesús Tirado, jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Polémica internaFuentes consultadas por El Periódico de España, del mismo grupo editorial, adelantan una sesión bronca por la fuerte división en la carrera con respecto a este asunto, si bien la postura del fiscal general -que ya ha manifestado públicamente que se trató de contrarrestar informaciones erróneas y que no hubo filtración de datos novedosos- puede ser la refrendada por la mayoría. Por el momento, y tras tres horas de debate, la sesión se ha visto suspendida pasadas las doce del mediodía, para el acto de despedida del que fuera también fiscal de Sala José Luis Bueren, y se reanudará a las 15 horas.
Se da la circunstancia de que la mayor parte de los fiscales de Sala que actualmente integran la cúpula fiscal fueron designados durante la etapa de García Ortiz o de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, que en la mayoría de los casos se decantaron por los candidatos propugnados por la Unión Progresista de Fiscales.
La reunión, en todo caso, tiene carácter consultivo. Una vez escuchado el criterio mayoritario, Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión o corregirla, con independencia de lo que determinen la mayoría de los fiscales presentes en la reunión. Su posicionamiento es contrario la admisión de la querella en cumplimiento «unidad de actuación» en el que se basa la organización jerárquica de la propia Fiscalía.
A juicio de la número dos de la Fiscalía, una vez que en otro procedimiento similar instado por el Colegio de la Abogacía de Madrid en un juzgado de instrucción la Fiscalía había instado el archivo, lo pertinente es mantener el mismo criterio con respecto a la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En todo caso, el pasado 15 de abril, García Ortiz ya asumió la «responsabilidad última» de la nota de prensa en cuestión y aseguró que no iba a «consentir» que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen «perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
Así, durante la sesión ‘número dos’ del Ministerio Público defenderá que se debe instar al TSJ a archivar la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso, si bien en todo caso la decisión última al respecto la tiene el ponente designado en el tribunal madrileño, que es además el presidente del mismo, Celso Rodríguez. Desde la Asociación de Fiscales han adelantado a Europa Press que sus representantes apoyarán la postura de la fiscal Silva, por lo que si desde la UPF respaldan a Sánchez Conde la clave estará en los no asociados.
La nota de prensa de la fiscalía sobre la que pivota la querella incluyó datos sobre la existencia de un pacto en el que el abogado, Carlos Neira afirmaba que su cliente reconocía los dos delitos de fraude y el de falsificación de documentos por los que el empresario novio de Ayuso es investigado. Este martes se conoció el acuerdo completo, en el que González Amador se muestra conforme a ser condenado a 8 meses de prisión -cuya ejecución quedaría en suspenso- y pagar de más de medio millón de euros para evitar el juicio.
