El teniente coronel Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de Ávila entre mayo de 2015 y noviembre de 2017, tenía constancia de que las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, pasaban facturas de las obras de reforma y pintura de los cuarteles del Instituto Armado en la provincia sin llegar en algunos casos a ejecutarse los trabajos. Así lo declaró un testigo, agente de la comandancia de Ávila, ante el juzgado de instrucción número tres de Madrid, donde tanto Alonso como Mon se encuentran en la actualidad imputados por malversación y cohecho.
La jueza de Madrid investiga en el llamado ‘caso Cuarteles’ una presunta red de corrupción en las reformas de los acuartelamientos, donde se habrían producido irregularidades en las adjudicaciones en las obras de 13 comandancias de toda España entre los años 2008 y 2019.
Según estimaciones de la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil que obra en poder de la jueza, las empresas de Mon, entre las que se encuentran Angrasurcor,S.L. y Solocorcho, S.L., habrían conseguido alrededor de 200 contratos por un importe de 3,3 millones de euros en toda España. En la causa, que se extiende a otros dos juzgados -de Valencia y Canarias-, también están siendo investigados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, ahora en la reserva, pero en ese momento uno de los cargos con más poder en el Cuerpo, y otro empresario valenciano.
En su declaración ante el Juzgado de Ávila que inició las pesquisas en 2019, antes de que el caso se remitiera a Madrid tras descubrirse el número total de comandancias afectadas finalmente por adjudicaciones a Mon, Alonso apuntó que fue precisamente Jarava, entonces responsable de la Subdirección General de Apoyo, quien le había indicado que debía contratar a las empresas del empresario canario y no a las empresas locales en hasta 26 reformas en la provincia, cuyo importe ascendió a un total 170.000 euros. También se desentendió de la autorización y pago de las facturas.
Un cargo de la Guardia Civil citado como testigo, sin embargo, declaró en la instrucción que el teniente coronel Alonso, que era conocido como ‘El Pocero’ tras llegar a la Comandancia por el alto número de reformas que encargaba, tenía constancia de que se estaban pasando facturas sin haberse ejecutado y que era su superior quien se encargaba “directamente de la gestión”.
Asimismo, relató que el teniente coronel le dijo que se hiciesen las obras y luego se facturase como debiera y que antes incluso de la reunión que mantuvo con el investigado Tejera de León le comunicó que tenían que ser facturas inferiores a 5.000 euros y lo “debía saber el empresario porque traía facturas por obras menores”. Esta maniobra se incardinaría en la supuesta práctica que llevaba a cabo la trama para tratar de que las obras sortearan el radar de la fiscalización.
Otro testigo, también trabajador de la citada Comandancia, apuntó a Alonso como responsable de la “contratación y su administración” así como de que se contratase mediante anticipos de caja fija, otra de las prácticas habituales de la organización, ya que Jarava adelantaba dinero desde la Subdirección general de Apoyo.
El citado guardia civil mostró su extrañeza en sede judicial de que viniesen las obras adjudicadas a un empresario determinado y añadió que no era normal que a final de año se liberase una cantidad de crédito como la que se realizó, que fue de 120.000 euros en la Comandancia de Ávila.
El pasado 20 de febrero la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid dictó un auto que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del teniente coronel Alonso contra la decisión de la instructora, la jueza María Isabel Durántez, de mantenerle imputado y no sobreseer las actuaciones. La Sala de la Audiencia tomó la decisión por los indicios encontrados, como la inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro, así como la «discordancia entre los trabajos realizados y el contenido» de estos documentos, tal y como señala un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.
Tras el periodo en Ávila y los dos años como jefe de una unidad operativa necesarios para ascender a general, Alonso volvió a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde tiene destino en Operaciones, aunque no dirige la Unidad como se podía esperar de su cargo. Por ahora, el Ministerio del Interior le mantiene en su puesto a la espera de lo que determine la instrucción. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, las pesquisas tanto de sus cuentas como las de su esposa descartan que exista un enriquecimiento ilícito por los hechos acaecidos.