Un juez español ha pedido el fin del anonimato en las redes sociales tras una ola de desinformación en línea tras el asesinato de un niño de 11 años.
Miguel Ángel Aguilar, juez del tribunal que entiende en delitos de odio y discriminación, quiere obligar a las plataformas a revelar la verdadera identidad de los usuarios en casos de sospecha de delitos de odio para que la ley pueda imponer órdenes de alejamiento digitales.
La medida se produce después del asesinato el pasado domingo de un niño en un pueblo cercano a Toledo, en el centro de España. Estaba jugando al fútbol con unos amigos cuando un hombre con el rostro oculto por una bufanda irrumpió en el campo y lo apuñaló varias veces.
En un eco de la desinformación que siguió al asesinato de tres niñas en Southport, en el norte de Inglaterra, el mes pasado, aparecieron casi de inmediato publicaciones en las redes sociales que vinculaban falsamente el ataque con la inmigración y, en particular, con los llamados artemenores no acompañados, la mayoría de ellos procedentes del norte de África.
La policía ha detenido a un joven español de 20 años que se encontraba visitando a su padre en el pueblo y se cree que padece problemas de salud mental.
Aguilar dijo en una entrevista televisiva el miércoles que quienes promueven discursos de odio deberían ser identificados y que las plataformas de redes sociales deberían verse obligadas a revelar su verdadera identidad si el poder judicial lo solicita.
“La creación de un clima de estigmatización a través de las redes sociales puede traducirse en actos de violencia en la calle”, afirmó. “Cuando se comete un delito en las redes sociales, debemos poder identificar la fuente.
“Sería interesante ver cómo se comporta la gente en las redes sociales si sabe que puede ser identificada, y especialmente si el poder judicial quiere saber quiénes son”.
Aguilar cita un caso de 2019, cuando un youtuber de Barcelona fue condenado a 15 meses de cárcel por publicar un vídeo humillante de una persona sin hogar. Se le ordenó pagar a la víctima 20.000 euros (17.000 libras esterlinas).
En lo que fue el equivalente a una orden de restricción digital, se le prohibió al infractor utilizar YouTube.
“Este es el precedente”, dijo Aguilar. “Ahora es importante que se convierta en ley”.
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En 2022, España aprobó una ley antidiscriminación de amplio alcance, pero Aguilar reconoció que es difícil definir cuándo el discurso de odio es un delito. “No hay dos casos iguales y no todo odio es un delito, aunque nos parezca repugnante”, afirmó.
Aguilar fue el primer juez en España que logró una condena por difundir noticias falsas después de que un hombre que publicó un vídeo en X en el que supuestamente aparecían inmigrantes menores de edad golpeando a alguien en Canet de Mar, cerca de Barcelona, fuera encarcelado durante 15 meses. El vídeo fue grabado en China.
En España, como en otros países, la cuestión gira en torno a la libertad de expresión. Las empresas de medios de comunicación afirman que la verificación de usuarios llevaría a la gente a autocensurarse y limitaría aún más la libertad de expresión de las personas que viven bajo regímenes represivos.
España se suma a una larga lista de países que luchan con la cuestión del anonimato en línea y, aunque es probable que la propuesta de Aguilar reciba apoyo de todos los partidos, no es probable que se traduzca en legislación en un futuro próximo.
