lEn octubre pasado, decenas de miles de personas marcharon por Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades españolas exigiendo viviendas asequibles. Los manifestantes hacían sonar llaves para hacer ruido, sostenían carteles denunciando a los “especuladores” y amenazaban con una “huelga de alquileres” mientras pedían acción a los políticos nacionales y locales. Tenían buenas razones para estar enojados.
La vivienda se ha convertido en la preocupación más apremiante para los españoles, según una encuesta realizada en diciembre por el centro nacional de votación, ubicándose por encima del desempleo y la migración. Mire las estadísticas y está claro por qué. El coste del alquiler en las ciudades aumentó alrededor de un 30% entre 2015 y 2022, lo que obligó a los trabajadores jóvenes a trasladarse a las afueras de Madrid y Barcelona o conformarse con pisos pequeños, a menudo apenas habitables. En regiones turísticas populares como Valencia, Alicante y Málaga, los alquileres han aumentado un 40%. Para los trabajadores de las Islas Baleares, un viaje diario en avión desde Mallorca podría resultar menos costoso que pagar el alquiler en Ibiza.
España sigue siendo un país de propietarios de viviendas: el 75% de las personas son propietarias de sus viviendas, según Eurostat, una tasa más alta que en Alemania, el Reino Unido o Francia. Pero casi la mitad de los inquilinos españoles – desproporcionadamente jóvenes – corren un grave riesgo de pobreza porque gastan más del 40% de sus ingresos en vivienda, según el banco central del país. La demanda de vivienda también continúa creciendo en medio de la próspera economía de España: el PIB creció alrededor del 3% el año pasado, en parte impulsado por la inversión pública y las olas migratorias que han remodelado las ciudades en todo el país. Más de un millón de personas de América Latina viven ahora en Madrid, un aumento espectacular con respecto a los 81.000 habitantes de hace 25 años.
Este es el contexto del último anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha propuesto medidas para frenar el precio de la vivienda y aumentar la oferta. Entre estas propuestas, aún sujetas a negociación y escrutinio parlamentario, se encuentra un plan para gravar hasta el 100% del valor inmobiliario de las casas para compradores extracomunitarios que no sean residentes en España. Sánchez argumentó que esos compradores contribuyen al aumento de los precios de la vivienda ya que compran, dijo, para “especular”. Pero no dio más detalles a quién se refería ni cómo sería la medida.
El banco central de España señaló recientemente un mayor número de compras por parte de extranjeros residentes y no residentes. Esta semana, el presidente del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el aumento de los precios en Madrid estaba siendo impulsado por venezolanos, colombianos y mexicanos ricos.
Si bien esto puede ser cierto para algunos barrios de Madrid, el grupo más grande afectado por la medida del gobierno español serían los británicos después del Brexit. De ahí la ansiedad de la prensa británica al informar sobre estas propuestas fiscales “exorbitantes”.
La política podría aliviar la presión en algunas zonas vacacionales, pero los expertos también la llamaron una “gota en el océano” y dijeron que sería ineficaz porque las empresas o los especuladores con sede en la UE aún podrían comprar propiedades. Otras propuestas de Sánchez para limitar los alquileres cortos o promover la vivienda pública pueden ser más significativas. Pero aún está por verse si logrará aprobar alguna de estas medidas con su precaria mayoría.
El primer ministro de España no ha cumplido promesas anteriores de controlar los precios y construir miles de apartamentos, incluidas viviendas públicas, y para que cualquier acción tenga impacto necesitará coordinarse con las autoridades regionales. Los políticos regionales en España a menudo hablan con admiración de Viena y su modelo de planificación de vivienda, pero carecen de la ambición, la inversión o incluso el poder para realizar reformas importantes. Hacer que los visitantes británicos paguen más puede aumentar los ingresos del Tesoro y disuadir a algunos –no a los súper ricos– de comprar casas. Pero está lejos de ser una solución a las presiones inmobiliarias en España. Es necesario construir millones de casas.
El Partido Popular ha propuesto sus propias medidas, centrándose en reducir impuestos, construir nuevas viviendas y subvencionar a los compradores jóvenes. Pero, en las ciudades y regiones donde está en el poder, se ha resistido en gran medida a implementar la ley de vivienda existente, que limita los aumentos de precios en áreas urbanas de alta demanda. Los políticos locales conservadores también han tardado en aplicar las regulaciones sobre alquileres turísticos a corto plazo. En un editorial reciente, El País criticó las medidas de ambos partidos políticos como “tímidas”, al igual que los expertos en vivienda en general.
La estructura política descentralizada de España complica una reforma inmobiliaria seria. Las medidas requieren coordinación entre el gobierno central, las administraciones regionales y los consejos locales, que comparten poderes y a menudo están controlados por partidos políticos en competencia. Esta fragmentación ha llevado a centrarse en los logros políticos de corto plazo en lugar de en soluciones integrales a los desafíos de largo plazo.
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El derecho a una “vivienda digna y adecuada” para todos está incluso escrito en la Constitución española de 1978, pero casi 50 años después está lejos de ser una realidad. Gravar a los compradores de viviendas británicos puede resultar atractivo, pero no facilitará las cosas para la mayoría de quienes luchan por encontrar un lugar donde vivir.
- María Ramírez es periodista y directora adjunta de elDiario.es, un medio de comunicación en España.
