Dos procesos judiciales en Australia contra confidentes de prensa, lo que en el sector se conoce como ‘garganta profunda’ a raíz del caso Watergate, han abierto un debate en el país oceánico que ha desembocado en una campaña –Whistleblower Justice Fund– para proteger y defender una figura, la de la fuente anónima, sin la cual no hubieran salido a la luz innumerables y determinantes investigaciones periodísticas.
El impulsor de este fondo es el exsenador australiano Rex Patrick, movido por las causas abiertas contra David McBride y Richard Boyle. McBride es un antiguo abogado militar que a partir del próximo lunes se sentará en el banquillo de los acusados para afrontar un juicio por filtrar a los medios documentos de Defensa que probarían crímenes de guerra cometidos por miembros del Ejército de Australia en Afganistán. Boyle es un exempleado de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO, en sus siglas en inglés) que sacó a la luz las prácticas abusivas del organismo a la hora de perseguir las deudas de los contribuyentes, unas denuncias por las que se expone a hasta 46 años de cárcel.
En declaraciones a ‘The Guardian’, Patrick defendió el papel de los confidentes y consideró que su persecución judicial «manda un mensaje escalofriante a todo aquel que esté pensando en denunciar: si lo hace es probable que acabe enfrentándose como mínimo a procedimientos legales largos y podría acabar en la cárcel». «¿Quién va a denunciar si esto ocurre?».
Respaldo a los confidentes El objetivo del Whistleblower Justice Fund es ofrecer apoyo legal y ayudar a los confidentes a revelar sus informaciones de manera segura. Asimismo, la organización busca presionar al gobierno federal, y en particular al fiscal general, Mark Dreyfus, para que se ponga fin a estos procesos. Dreyfus ya intercedió el año pasado, haciendo uso de sus poderes ejecutivos, en favor de Bernard Collaery, un abogado que ayudó a divulgar las escuchas de Australia a su aliado Timor Oriental durante unas negociaciones sobre gas y petróleo.
Según la ley australiana, los ‘garganta profunda’ están autorizados a trasladar denuncias a periodistas o políticos en determinadas circunstancias, ya sea en situaciones de emergencia o cuando las denuncias internas fallan. Tanto McBride como Boyle, según explica la organización impulsada por el exsenador Patrick, primero actuaron a nivel interno y optaron por hablar con la prensa como último resorte, por lo que no deberían de estar afrontando persecución judicial.
Por este motivo, el Whistleblower Justice Fund insta al Gobierno de Anthony Albanese a acometer una reforma legal urgente y la creación de una autoridad que proteja a los denunciantes anónimos.
