Para defender la «dignidad» de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una «separación de poderes». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la querella por prevaricación presentada por al Abogacía General del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga el caso Begoña Gómez y que este martes acudió a Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo.
Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un «montaje» e ironizó sobre la escena de las «asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de La Moncloa». Algo que calificó de «patético» y «bochornoso».
«La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso», añadió. Pese a señalar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por «judicializar la política y politizar la justicia», Sánchez puso el foco en que el «problema» no sería tanto el partido de Santiago Abascal «como el PP». A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de «estar a rebufo de todo lo que dice y hace Vox», también en lo relativo a esta investigación judicial.
Balance triunfalistaEl jefe del Ejecutivo ha hecho un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que “la economía va como un tiro”, y laboral con unas “cifras récord” en empleo, según destacó. “En estos ocho meses no hemos parado”, ha defendido frente a la debilidad parlamentaria del gobierno de coalición en minoría y los diversos reveses en el Congreso. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis o el impulso de hasta 27 proyectos de ley que están pendientes de tramitación.
En el colofón de su intervención sí reconoció la “dificultad para llegar a acuerdos” en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23-J. “Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar”.
En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez ha incidido en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades. De hecho, será uno de los asuntos que el Gobierno pretende convertir en protagonista en la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo mes de septiembre en Santander.
Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la “paz social” lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 “la mayor crisis” institucional por el ‘procés’. Frente a ello, defendió “pasos valientes” para la «normalización» de las relaciones con Cataluña, sin mencionar directamente la ley de amnistía pactada con los independentistas, como tampoco destacó esta norma al enumerar parte de las leyes aprobadas. Sí puso en valor la voluntad de “llegar a acuerdos” e, incluso, reconoció que el “problema” todavía no está resuelto pero que se seguirá encauzando a través del “diálogo” con las formaciones independentistas, sin mencionar tampoco en su intervención previa a las preguntas de los medios el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.
