Arranca un año en el que el Gobierno se juega su continuidad. ¿Qué órdenes tienen del presidente para afrontarlo?
Es verdad que es un año muy importante porque se celebrarán elecciones autonómicas, municipales y también generales. En estos últimos meses asistimos a una sucesión de encuestas, no soy experta en valorarlas ni analizarlas, pero lo que el presidente del Gobierno nos pide es que actuemos con rigor, con responsabilidad y sin perder de vista que lo que debe presidir nuestras decisiones políticas es estar al lado de la gente que más nos necesita. Yo creo que el Gobierno ha acreditado, en momentos muy difíciles, a lo largo de toda la legislatura, que tiene sensibilidad social. Por lo tanto, vamos a intentar centrarnos en eso, en seguir aportando medidas que sean útiles. Pero, también estamos abordando la transformación de nuestro país, y eso se va a empezar a materializar ahora de una manera mucho más visible durante 2023 con los fondos europeos.
¿Será definitivamente este mes de enero cuando se desencalle la Ley de Vivienda? ¿Qué nuevas medidas contra la especulación en el precio de los alquileres incluirá?
A mí me gustaría que durante las próximas semanas podamos alcanzar un acuerdo para aprobar una ley que es necesaria. Creo que las fuerzas progresistas y este Gobierno no nos podemos permitir defraudar a la ciudadanía. La ley nunca ha estado bloqueada, hemos trabajado muchísimo para incorporar cuestiones que se han planteado por parte del resto de grupos y estamos perfilando los últimos detalles. Nosotros defendemos una contención de los precios del alquiler, sobre todo en aquellas zonas que se declaren tensionadas, para que no se puedan producir incrementos abusivos. Pero también un sistema para que a los pequeños propietarios, aquellos a los que no se les imponen el límite del precio del alquiler, les pueda resultar atractivo rebajarlo. Y este Ministerio está también centrado en la promoción y en la construcción de un parque público para dar respuesta a la gente que lo necesita, no sólo a través de un sistema de regulación o de contención de los precios.
Pero esta no es una medida a corto plazo, no es un cambio visible en 2023.
Estas políticas de promoción y de construcción del parque público de vivienda no son de ayer. Desde que iniciamos el mandato nos fijamos el objetivo de llegar a 100.000 viviendas de alquiler asequible. Y lo estamos haciendo. Estamos hablando de cambiar el paradigma de las políticas de vivienda en España. Eso no es algo sencillo. Hay resistencias de determinados sectores y de algunos partidos políticos. El PP ya ha dicho que votará en contra de la ley e incluso que la recurrirá en el Tribunal Constitucional. Es esencial, y en eso nos estamos centrando ahora, que la ley sea robusta jurídicamente, para que que los recursos que se presenten no prosperen. Pero, sobre todo. que dé una adecuada respuesta a las necesidades de vivienda. Yo pido a las fuerzas progresistas, a quienes queremos que esta ley se apruebe, que no hagan planteamientos maximalistas que puedan frustrarla. Estamos ahora en unas semanas decisivas. Es nuestra última oportunidad. Este Gobierno y, sobre todo el Partido Socialista, va a hacer todo lo posible para que la ley salga adelante.
Con la gratuidad del transporte público pretendíamos aplicar una medida que supusiera un alivio para los bolsillos de la clase media y trabajadora Pero ministra, ¿habrá cambios en los criterios para limitar el precio del alquiler? ¿Se va a definir de otro modo a los grandes tenedores?
Ya dijimos que el proyecto de ley, en su tramitación parlamentaria, estaba abierto a cambios y mejoras. Atendiendo a las enmiendas que han presentado otras fuerzas políticas sobre la definición de gran propietario, sí que es verdad que es una de las cuestiones sujetas a revisión. Consideramos que es un aspecto que se puede concretar más.
¿Hay ya algún acuerdo cerrado sobre ello?
Estamos ahora en proceso de redacción. Se trataría de que el límite de diez inmuebles para que ser considerado un gran tenedor pueda situarse en una horquilla inferior de 5 a 10, siempre y cuando la comunidad autónoma pueda acreditar que es un área tensionada. La rebaja de la consideración de gran tenedor para que sea un propietario con menos de diez viviendas, en esa horquilla de 5 a 10, se aplicará previa justificación de la comunidad autónoma. Si existe esa justificación es una medida razonable que ese límite pueda modularse. Sin poder entrar más en el detalle porque la negociación todavía la estamos realizando, si que es una cuestión que puedo avanzar.
Raquel Sánchez. Jordi Cotrina
Mantienen ustedes a lo largo de 2023 la gratuidad del Cercanías, Rodalies y de la media distancia. Al margen de la ayuda que supone para muchas familias, ¿cómo ha afectado a la movilidad en España?
Considero que esta decisión ha sido histórica, nos ha permitido cambiar los hábitos de muchísimas personas que han decidido subirse al transporte público. Este año 2023 va a ser un año revolucionario en este sentido. Con la gratuidad del transporte público pretendíamos aplicar una medida que supusiera un alivio para los bolsillos de la clase media y trabajadora. Pero también, ese cambio de costumbres. Yo creo que lo hemos conseguido, más de dos millones y medio de personas se han abonado. Además, ha beneficiado a toda España. Aunque algunas comunidades se resistieron han decidido incrementar un 20% la subvención del 30% que el Gobierno concede al transporte de titularidad autonómica. Eso supone un reconocimiento de todas las autonomías, también las que tienen un signo político distinto al nuestro, a la labor del Gobierno.
¿Y no se pueden encontrar que en 2024, con los ciudadanos ya acostumbrados a la gratuidad, sea impopular revertir la decisión?
Bueno, tenemos todo este año para analizar el impacto de la medida, si podemos mantenerla o no. Quizá, no en los mismos términos, igual con ajustes para que sea más progresivo. No digo que vaya a ser así pero es una posibilidad. Hay unos meses por delante para ver si conseguimos todavía reforzar más ese cambio de hábitos, que nos permite también cumplir nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ministra, y ¿porqué resulta tan caro en el AVE en comparación con otros países? En unos trayectos han podido entrar operadores externos y se han bajado precios y en otros no.
Nuestro objetivo, con la liberalización de la alta velocidad, es extenderlo a todos los territorios. En apenas dos o tres años vemos que los operadores externos que han entrado en nuestro país muestran más interés. Evidentemente, depende también de cuestiones técnicas. Pero nuestra intención es ampliarlo porque permite ofrecer precios más competitivos. Por eso, esa afirmación de que la alta velocidad es más cara que los países de nuestro entorno es matizable. Tenemos la segunda red de alta velocidad más importante del mundo por detrás de China. La liberalización pretende que a estas infraestructuras, que hemos pagado entre todos, les podamos sacar el máximo rendimiento y que sean los ciudadanos quienes se puedan beneficiar de esa mayor competencia.
¿Hay alguna línea donde ya se sepa que operarán empresas privadas en 2023?
Ya se ha anunciado que se ampliará a Andalucía. Y hay empresas interesadas en las líneas de alta velocidad que pusimos en marcha hace algo más de un año, como el Madrid-Orense. En la conexión con el norte de España, creo que vamos a poder introducir mejoras en ese sentido.
Nadie duda del compromiso de este Gobierno para reconstruir el clima de convivencia ¿No teme que en 2023, precisamente por ser año electoral, haya nuevas huelgas de transporte?
Pues yo espero que no, y no por una confianza ingenua, sino porque hemos conseguido sentar las bases de un sistema con condiciones mucho mejores para los transportistas. Tenían reivindicaciones históricas para no trabajar por debajo del precio de coste y mejorar la dignidad con la que se ejercía su labor. Hemos logrado cambiar esas condiciones y que las relaciones sean mucho más justas. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones que representan al sector del transporte. Y ahora existe una relación de confianza, porque están viendo que este Gobierno cumple con sus compromisos. Yo confío en que no se vuelvan a producir paros.
Ministra, usted conoce bien Cataluña, ¿cómo puede esto ayudar a la convivencia los cambios en la sedición y la malversación?
La situación en Cataluña, no fruto de estas últimas modificaciones del Código Penal, sino de la voluntad del presidente del Gobierno expresada desde el primer día, no tiene nada que ver a la que se vivía en el año 2017. Esto lo digo porque lo he vivido, no hablo de oídas. Nadie duda del compromiso de este Gobierno para reconstruir el clima de convivencia pero tampoco para ser contundentes con el cumplimiento de la ley. Todos aquellos con causas pendientes tendrán que someterse a la acción de la Justicia
¿No le preocupa que en el caso de la malversación la rebaja de penas afecte a otros casos?
Bueno, yo creo que aquí evidentemente, habrá que ver caso a caso. No hemos hecho más que intentar equiparar nuestro Código Penal a los estándares de los países más avanzados de nuestro entorno.
Hablábamos hace un momento de cómo algunas medidas pueden contribuir a la convivencia. También pueden favorecer un gran resultado del PSC. Pero tal vez el voto socialista en otras autonomías, como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura, se vea mermado.
Este Gobierno está consiguiendo reducir el impacto de esta crisis. La desigualdad es nuestra obsesión En las últimas encuestas el conflicto catalán se sitúa en la posición 42 en las preocupaciones de los españoles, cuando hace unos años estaba en segundo lugar. A España le va bien si la relación con Cataluña va bien. Y a Cataluña le va mejor si la conflictividad y la confrontación desaparece. Y eso beneficia a todas las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho que este Gobierno no gobierna a golpe de encuestas. Resolver la cuestión catalana era algo primordial dentro de los objetivos de esta legislatura. Y eso se ha conseguido. El clima social que se respira demuestra que la solución era esa. No era el conflicto, no eran las declaraciones de independencia y los referendos ilegales que se produjeron con el Gobierno del Partido Popular. La solución siempre es el diálogo.
Citaba usted las encuestas. A pesar de que el Gobierno está tomando medidas sociales, ¿a qué atribuye que pierda apoyo electoral?
Insisto en que no soy un experta en encuestas pero el respaldo al PP también se ha ido debilitando. No tiene proyecto de país y tampoco tiene liderazgo. En un momento de inquietud, en el que mucha gente lo está pasando mal, este Gobierno está consiguiendo reducir el impacto de esta crisis. La desigualdad es nuestra obsesión. Reitero que no gobernamos a golpe de encuestas. Todavía quedan unos meses para seguir desplegando nuestra acción de gobierno y eso es lo que vamos a hacer. Y esperamos que la ciudadanía al final lo valore.
Dos últimas cuestiones. ¿Piensa que Podemos y Sumar cerrarán finalmente un acuerdo? Y, ¿tiene usted problemas a la hora de negociar con sus socios? ¿Debe cerrar los temas con Yolanda Díaz y con Ione Belarra, por separado?
Este es un Gobierno con dos formaciones políticas diferentes, no hay nada hecho, hay que acordar, hay que negociar. Más allá del ruido y de las diferencias que a veces puedan haber, lo importante es el resultado. Hemos conseguido aprobar una agenda legislativa sin precedentes. A nosotros nos gustaría, en el caso de que fuera necesario, reeditar este Ejecutivo de coalición. Sobre las cuestiones internas y las relaciones entre nuestros socios, sabemos que están en ese proceso de conformación de ese espacio. Pienso que la izquierda tiene una responsabilidad y no podemos permitir, que por nuestra división, que la derecha y la extrema derecha de rienda suelta a un retroceso de los derechos y las libertades que hemos sido capaces de consolidar durante los últimos años. Yo creo que hay que ser responsable y el espacio político de la izquierda también tiene que actuar con inteligencia política para que no pongamos en riesgo todo lo que hemos conseguido .