El gobierno español ha aprobado un plan de 2.200 millones de euros (1.900 millones de libras esterlinas) para ayudar a los agricultores y consumidores a hacer frente a una sequía persistente que se ha visto exacerbada por el mes de abril más cálido y seco registrado.
Las medidas, calificadas de inéditas por el gobierno, fueron
firmado por el gabinete el jueves. Incluyen 1.400 millones de euros de fondos del Ministerio de Medio Ambiente para hacer frente a la sequía y aumentar la disponibilidad de agua, y 784 millones de euros del Ministerio de Agricultura para ayudar a los agricultores a mantener la producción y evitar la escasez de alimentos.
El plan se produjo un día después de que el gobierno de coalición liderado por los socialistas anunciara una legislación que significará que los trabajadores al aire libre, como recolectores de basura, barrenderos y albañiles, no tendrán que trabajar cuando la oficina meteorológica española emita alertas de temperatura alta. La medida se produce tras la muerte de un barrendero y un repartidor de folletos durante la ola de calor del pasado mes de julio en la Comunidad de Madrid.
La ministra de Medio Ambiente de España, Teresa Ribera, dijo que su departamento gastaría 1.400 millones de euros en la construcción de nuevas infraestructuras, como plantas de desalinización; en duplicar la proporción de agua que se reutiliza en áreas urbanas del 10% al 20% para 2027; y en subsidiar a aquellos cuyo suministro de agua de riego se vería reducido.
Dijo: “España es un país acostumbrado a períodos de sequía pero no hay duda de que, como consecuencia del cambio climático que estamos viviendo, estamos viendo eventos y fenómenos mucho más frecuentes e intensos.
“Y tenemos que prepararnos para eso aprovechando toda la capacidad técnica que España ha acumulado y desarrollado durante muchos años. Necesitamos lidiar con episodios como el actual, y eso requiere planificación, medidas estructurales y también, obviamente, planes de ayuda inmediatos y a corto plazo”.
Ribera dijo que prometer más agua no era la respuesta y enfatizó que se debían realizar inversiones para administrar la demanda e impulsar el uso eficiente del recurso.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que la mayor parte de los 784 millones de euros prometidos por su ministerio se destinarían a ayudar directamente a los ganaderos y granjeros, que también recibirían exenciones fiscales.
Dijo: “El objetivo principal es asegurar la continuidad productiva de nuestro sector primario -de nuestros agricultores y ganaderos- para que puedan producir alimentos, que es un elemento fundamental a la hora de proveer a nuestros ciudadanos, pero que también es muy importante cuando se trata de los precios de los alimentos”.
Mientras que el gobierno dijo que había aprobado las medidas en respuesta a la sequía, las altas temperaturas y la guerra en Ucrania, el opositor Partido Popular (PP), conservador, lo acusó de intentar estafar a los votantes mientras España se prepara para votar en las elecciones regionales y municipales del 28 Puede.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el gobierno había respondido demasiado tarde a la escasez de agua y pidió en cambio una reunión urgente de presidentes regionales y la creación de una autoridad nacional del agua para supervisar las mejoras a la infraestructura.
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Sin embargo, el PP, que gobierna la gran región sur de Andalucía, se ha enfrentado recientemente a amargas críticas nacionales e internacionales por sus planes para legalizar las plantaciones de fresas que podrían amenazar la supervivencia de uno de los humedales más importantes de Europa.
El suministro de agua al espacio natural de Doñana, cuyas marismas, bosques y dunas se extienden a lo largo de casi 130.000 hectáreas (320.000 acres) e incluye un parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha reducido drásticamente en los últimos 30 años debido al cambio climático, la contaminación agrícola, minera y drenaje de pantanos.
Sin embargo, la semana pasada, el gobierno regional del PP hizo caso omiso de tales preocupaciones, así como de las advertencias de la Unesco, la Comisión Europea y muchos grupos de conservación y vida silvestre, y comenzó a acelerar una nueva ley que aumentaría la cantidad de tierra irrigable alrededor de Doñana por 800 hectáreas. La legislación, propuesta por el PP y el partido de extrema derecha Vox, servirá también de amnistía para los freseros que ya han excavado allí pozos ilegales.
Si bien toda España ha estado en sequía desde enero de 2022, los suministros de agua en Cataluña han caído tan bajo que las autoridades introdujeron leyes en marzo que incluyen una reducción del 40 % en el agua para uso agrícola, una reducción del 15 % para usos industriales y un recorte en el suministro diario promedio por habitante de 250 litros a 230 litros.