Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 aprobados el pasado noviembre de 2022 consolidaron una importante medida para funcionarios y pensionistas: una actualización de las nóminas al IPC que ha supuesto un incremento del 8,5% para las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social (muerte y supervivencia, incapacidad permanente y jubilación). Respecto a las pensiones no contributivas y las nóminas del Ingreso Mínimo Vital, mantienen durante todo 2023 la subida del 15% que se aplicaba desde julio de 2022.
Estas decisiones están orientadas a sostener la economía española, limitando la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos con motivo de la inflación, especialmente en el segmento de las rentas más bajas al que afecta más la escalada de precios y que en muchas ocasiones deja a las familias sin margen para ahorrar, hacer frente a imprevistos o simplemente llegar a fin de mes.
Además de la actualización al IPC de las rentas que proceden de las arcas públicas, también se han puesto en marcha otras medidas destinadas a inyectar liquidez a las familias como el cheque de 200€ o la renta de crianza.
Devolución a los pensionistas El pasado 16 de marzo se aprobó el Real Decreto -ley 2/2023 de «medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones» donde se aprueba la devolución de un ingreso cobrado indebidamente a los pensionistas.
Los pensionistas jubilados que cobran menos de 5.365€ y que tienen una renta inferior a 11.200€ anuales y no tienen que presentar la declaración de la Renta están exentos de pagar los medicamentos: en España, en total, hay seis millones de pensionistas en esta situación.
Un error en el sistema de copago farmacéutico provocó que estos jubilados con derecho a no pagar por sus medicamentos tuvieran que abonar las cantidades y, ahora, la Administración General del Estado se dispone a devolverlos a través de la Seguridad Social. El pago se realizará en los próximos seis meses a través de la cuenta bancaria donde se ha domiciliado la pensión y la cantidad dependerá del importe gastado en los medicamentos.
