El Gobierno rescindirá el contrato firmado con Israel para la compra de balas tras la crisis interna entre PSOE y Sumar. Sin embargo, el paso atrás del ala socialista, de consecuencias imprevisibles para las arcas del Estado, no ha contentado a sus socios parlamentarios, que exigirán explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso e intentarán presionar en la Cámara Baja para que quede por escrito la suspensión de cualquier contrato de compraventa de armas con Israel.
Si el plan de Pedro Sánchez de destinar 10.400 millones de euros al gasto en Defensa ya molestó a los aliados, el contrato valorado en 6.642.900 de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm a la empresa israelí IMI Systems ha llevado a ERC, EH Bildu y BNG a registrar en el Congreso una petición para que comparezca Grande-Marlaska y explique la posición del Gobierno «sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel».
En este sentido, las tres formaciones recuerdan que el Ejecutivo se comprometió a «finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo Palestino». Fue el propio Sánchez, en abril del pasado año, el que afirmó en el Congreso que se habían suspendido los negocios con Israel: «Quédese tranquilo que, desde el 7 de octubre [de 2023] , España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna».
También ha movido ficha el PNV, que ha registrado una serie de propuestas de resolución al informe «Estadísticas españolas de exportación de materia de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2023». En concreto, el partido jeltzale propone «suspender cualquier contrato de material militar o de seguridad con Israel»; establecer garantías de que las exportaciones temporales a Israel para reparación no serán usadas por parte de Israel; o mantener la decisión de «no autorizar los tránsitos de buques con armas con destino a Israel».
