Desde mediados de 2022, el mercado inmobiliario de grandes transacciones de activos vive un momento atípico. Después de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzase a subir los tipos de interés- fijados actualmente en el 3,75%- los propietarios de inmuebles paralizaron sus desinversiones, mientras los potenciales compradores preferían esperar para ver si conseguían invertir a un precio más barato, un fenómeno que se conoce en el sector como «wait & see» (esperar y observar).
Actualmente, la diferencia entre lo que piden los vendedores y lo que están dispuestos a pagar los compradores es del 20%, según aseguró Antonio de la Fuente, managing director del departamento de Corporate Finance de la consultora Colliers, durante el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).
Federico Bros, responsable en España del fondo M&G, cree que esta situación se va a demorar durante los próximos meses. «Mientras no finalice la subida de tipos, las rentabilidades que exigirán los inversores no se van a estabilizar. Todas las previsiones apuntaban a un primer semestre débil pero se va a extender durante todo el año. Durante el primer trimestre el volumen de operaciones cayó un 35%».
A pesar de la incertidumbre, Antonio de la Fuente considera que es un buen momento para que aquellos que no han podido invertir durante los últimos años, por los altos precios, lo hagan ahora, como los family office (vehículos familiares) y los inversores privados. «Es un buen momento para tomar decisiones de inversión a largo plazo donde no exista un riesgo de falta de demanda, como ocurre en la vivienda en alquiler», comentó.
Los inversores piden cambios al Gobierno Los inversores han aprovechado el Salón Inmobiliario de Madrid para reclamar medidas al Gobierno central que les permita incrementar su actividad. Mariam Martín Ferreiro, directora general de la gestora Víveme, se quejó de que el 25% del precio de venta de una vivienda de nueva construcción son impuestos, algo que tiene repercusión en el precio de venta final. «Se puede ir a un tipo impositivo mucho más reducido», aseguró.
También desde un punto de vista tributario, Jorge Pereda, director de residencial de Grupo Lar, dijo que los inversores no tienen incentivos para construir vivienda en alquiler. «Las rentas, que van por Ley de Arrendamientos Urbanos, están exentas de IVA. Esto quiere decir que el IVA que soportas durante la construcción no lo puedes repercutir y partes con desventaja», ha señalado.
Otro de los asuntos objeto de debate en el SIMA ha sido el de los precios máximos de venta de la vivienda protegida. Como los importes máximos los fija cada comunidad autónoma, en algunas, como la de Madrid, llevan sin actualizarse una década. Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros pidió al Ejecutivo que actualice los precios del módulo básico: «Si el coste del suelo y de la obra es superior al precio de venta, no se va a hacer vivienda protegida. Nadie va a hacer un proyecto en el que pierde dinero», ha dicho.
Otra de las reivindicaciones que se han realizado es la de eliminar trabas burocráticas y que los plazos tengan una fecha de inicio y una de finalización. «Nuestro negocio es mover el capital lo antes posible. Actualmente es imposible hacerlo en menos de 24 o 30 meses. De nada sirve que nosotros apostemos por la construcción industrializada para ahorrarnos tres meses si perdemos 10 o 12 en obtener una licencia de obra», explicó David Botín, director de servicios inmobiliarios de la promotora Aedas Homes.
