El sector promotor y constructor ha vuelto a hacer un llamamiento este jueves a las administraciones para abordar un «urbanismo de emergencia» con el que dar respuesta al actual déficit de vivienda que sufren Málaga y Andalucía. El presidente de la patronal andaluza Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, ha asegurado que actualmente faltarían más de 150.000 unidades en la comunidad (50.000 corresponderían a la provincia de Málaga) para satisfacer tanto la actual demanda como el ritmo de creación de nuevos hogares, y ha advertido de que «si no se actúa con urgencia» ese volumen podría triplicarse para el año 2030.
El sector ha celebrado en la tarde-noche de este jueves en el Castillo de Gibralfaro una nueva edición del Punto de Encuentro Inmobiliario, una cita anual organizada por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Fadeco y el Ayuntamiento de Málaga.
Peinado ha calificado el momento actual como «clave» para abordar las soluciones al déficit de vivienda en Andalucía. Un reciente informe elaborado por ACP Málaga sobre la Costa del Sol alerta de que solo el 22% de los municipios costeros construyen suficiente vivienda para absorber su crecimiento poblacional.
«Es urgente aplicar un urbanismo de emergencia y aprovechar el Decreto de Vivienda de Andalucía para desbloquear suelo, garantizar seguridad jurídica e incentivar la construcción de VPO», ha manifestado.
El evento, que ha reunido a más de 350 profesionales, ha contado en su clausura con las intervenciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y del director territorial de Caixabank en Andalucía, junto a representantes institucionales y líderes del sector para debatir sobre las necesidades de desbloquear suelo, agilizar la gestión urbanística y generar una oferta suficiente de vivienda asequible para la actual demanda.
«Cuellos de botella»El presidente de la ACP de Málaga, Juan Manuel Rosillo, ha inaugurado el acto recordando la gravedad del problema. «Cada cifra del déficit de vivienda es la historia de un joven que no puede emanciparse, de una familia que no puede formarse o de un mayor que no encuentra un lugar donde vivir. La construcción de vivienda es la única política pública que genera más ingresos que gasto al Estado», ha señalado.
La ACP reclama medidas que permitan activar suelo y agilizar licencias para combatir el problema estructural del acceso a la vivienda. «El problema de la vivienda no se arregla con discursos de empatía, sino con decisiones valientes, como determinar que construir vivienda es una actuación de interés público y tiene que conllevar trámites de emergencia. Es importante que quienes pueden cambiar las cosas nos escuchen, nos atiendan y actúen», ha comentado.
«Si no se actúa con determinación, las 150.000 viviendas que faltan hoy en Andalucía serán 300.000 al final de legislatura, con un tercio en Málaga, y un grave impacto social y económico para la región», ha añadido.
El presidente de la ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, este jueves en Gibralfaro. / Álex Zea
«Mientras debatimos si un piso puede tener un piso 40 o 50 metros los jóvenes se tienen que conformar con alquilar una habitación en un piso compartido», ha añadido.
También ha señalado que el problema de falta de infraestructuras que tiene Málaga no debe ser utilizado como coartada para no impulsar la construcción de viviendas.
«Málaga necesita más y mejores infraestructuras, pero no podemos permitir ese argumento, porque son las viviendas las que pueden costear infraestructuras. Por cada 5.000 viviendas que no se construyen son 400 millones de euros que dejan de ingresar las arcas públicas y que podrían ir a estos proyectos», ha explicado. «Por cada vivienda que se vende, un tercio se van en impuestos», ha añadido.
Rosillo ha destacado que la «falta de suelo» y la «complejidad administrativa» son ahora mismo los principales «cuellos de botella» para resolver el acceso a la vivienda. La situación, a su juicio, sólo podrá solucionarse «con decisiones valientes y un compromiso real por parte de las administraciones».
Vivienda de alquiler y asequible, a debateEl acto ha contado con dos mesas de debate. La primera, moderada por la secretaria general de ACP Málaga, Violeta Aragón, ha contado con la presencia del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, Javier Braza (Lagoom Living), Mikel Echavarren (Colliers) y Daniel Caballero (Caixabank). Se han analizado tendencias de mercado y fórmulas de colaboración financiera e industrialización para incrementar la oferta de vivienda.
Echavarren, de Colliers, ha subrayado que el mercado sigue activo, pero el déficit de vivienda se agrava por la falta de suelo disponible y la lentitud administrativa.
También ha pedido a las administraciones que sean «coherentes» con la situación de «emergencia habitacional» que se viene transmitiendo. Por ello, propone a los poderes públicos que no obliguen a hacer VPO con altas calidades que encarezcan su precio y que no cobren tasas e impuestos a aquellas viviendas que se impulsen con criterios de precio asequible.
«No tenemos que hacer VPO que parezcan un Rolls Royce. Las viviendas asequibles pueden ser de menor calidad para que la gente pueda así comprarlas o alquilarlas», ha afirmado Echavarren. En cuanto a las tasas, se ha dirigido como ejemplo al Ayuntamiento de Málaga para solicitarle que no cobre tasas a los proyectos de vivienda asequible para permitir que, de forma efectiva, sus precios de mercado puedan ser alcanzables por el ciudadano medio.
«Existe incoherencia manifiesta entre decir que nos encontramos en una emergencia habitacional y que no se agilice ni se bonifique fiscalmente los proyectos de vivienda protegida», ha comentado. A su juicio, incluso poniendo medidas en marcha de inmediato, el problema tardará años en resolverse.
Como otras medidas, ha abogado por aumentar la seguridad jurídica de los propietarios de vivienda ante posibles casos de okupación o morosidad de los inquilinos como fórmula para recuperar las miles de viviendas de alquiler que se han retirado del mercado en los últimos años. «Aunque para conseguir eso habría que quitar el Gobierno», ha opinado, arrancando las risas de los asistentes.
Por su parte, Caballero, de Caixabank, ha incidido en que la banca ve con buenos ojos la entrada del ICO como socio público en proyectos de alquiler asequible, ya que «reduce el riesgo y facilita la financiación». En su opinión, en el sector no existen problemas de liquidez, ya que las entidades financieras están entrando en operaciones inmobiliarias en venta o en alquiler. «Otro tema es la gestión de suelo que en las condiciones actuales de plazos, es imposible que sea bancable», ha expuesto.
En este sentido, Illueca, presidente del ICO, ha avanzado que la institución que dirige está ajustando sus productos para ampliar plazos y carencias, permitiendo que más promotores puedan impulsar proyectos de alquiler asequible de forma viable.
Un momento de la celebración de la primera mesa de debate. / Álex Zea
Por su parte, Javier Braza, de Lagoom Living, ha defendido el papel del alquiler protegido como fórmula necesaria para adaptar el mercado a la realidad de los jóvenes y familias, pero ha pedido «profesionalización» y «seguridad jurídica y agilidad» en las licitaciones de proyectos de colaboración público-privada. «La viabilidad de los concursos públicos sigue siendo muy justa y necesitamos mejorar las condiciones para atraer inversión privada», ha afirmado.
Más edificabilidad y agilidadLa segunda mesa, bajo el título ‘Sinergias en políticas de vivienda’, ha reunido a dos exministros, Íñigo de la Serna y Jordi Sevilla, en un diálogo moderado por el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado, sobre políticas de vivienda. Ambos han coincidido en la necesidad de compatibilizar el crecimiento urbano con la sostenibilidad, activar la colaboración público-privada y utilizar herramientas como la bonificación de edificabilidad para generar vivienda asequible a menor coste y sin consumir más suelo.
Tanto De la Serna como Sevilla destacan que, aunque las soluciones pueden tener matices ideológicos, es necesario un «acuerdo de mínimos» que priorice el acceso a la vivienda como política de Estado.
En el debate se ha subrayado la diferencia entre regular precios y aumentar la oferta. Sevilla dice que la VPO es «necesaria, pero no suficiente», por lo que aboga de un periodo de dos o tres años de «plan de choque» y mecanismos ‘ad hoc’ para combatir la situación de «emergencia habitacional.
Por su parte, De la Serna dice que «sin suelo y sin licencias, hablar de precios es papel mojado». Ambos han destacado que los mecanismos de reserva de VPO funcionan, pero advierten que se necesita fomentar la oferta bruta de vivienda (sea libre o protegida) para lograr «equilibrio de mercado y precios estables».
