Ni siquiera a la cuarta puede ser la vencida. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial convocado este lunes para intentar designar presidente de este órgano y del Tribunal Supremo ha comenzado con una hora de retraso sobre el horario previsto y con un ‘papel’ novedoso sobre la mesa, presentado por el grupo conservador a primera hora de la tarde. Ante la falta de acuerdo, desde estas filas plantearon la posibilidad de incluir nuevos candidatos fuera de la lista inicial de siete magistrados que todos los vocales acordaron en su primera reunión, celebrada el pasado 25 de julio, para elegir entre ellos a su presidente.
Así las cosas, los veinte nuevos vocales del Consejo siguen sin consensuar el nombre del que debe ser su presidente –o presidenta, como es el empeño de los diez nombrados a propuesta del PSOE–. De salir adelante la propuesta de los vocales designados por el PP, no habrá nueva reunión hasta el próximo viernes, un día después del Acto de Apertura del Poder Judicial que se celebrará en el Tribunal Supremo y en el que, si nada lo remedia, volverá a recibir al Rey Felipe VI un presidente del órgano en funciones, Francisco Marín Castán.
El nuevo fracaso evidenciaría la división irreconciliable entre el bloque conservador y el progresista y augura las dificultades que tendrá el órgano de gobierno de los jueces recién renovado para sacar adelante decisiones de consenso, como son los 96 nombramientos pendientes en la cúpula de la carrera judicial.
Por parte de los progresistas asumieron liderar las negociaciones los vocales Ángel Arozamena, Esther Erice, José María Fernández y Ricardo Bodas, que vienen hablando estos días con los vocales designados a propuesta del PP Alejandro Abascal, Jose María Páez, Isabel Revuelta y José Antonio Montero.
Durante el último mes, esta comisión negociadora viene manteniendo contacto de forma oficiosa para tratar de alcanzar un acuerdo y elegir a uno de lo integrantes de la lista de siete magistrados del Tribunal Supremo entre los que se acordó elegir al nuevo representante del Poder Judicial. Los candidatos son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.
Cumplir la Constitución A primera hora de la tarde, los conservadores plantearon la posibilidad de incluir nuevos candidatos fuera de esa lista inicial para superar el bloqueo, pese a asegurar que desde sus filas no vetan a nadie, pero la realidad es que las propuestas realizadas desde las filas de los asignados por el PSOE no han encontrado acogida en este sector. El grupo de los progresistas se niega a valorar propuestas de menor entidad.
No intentarlo con otros candidatos, según los vocales del PP, supondría no sólo «quebrar el mandato constitucional, sino incluso incurrir en responsabilidades de aquellos que al margen de la Constitución intentan perpetuar tal estado de cosas y obstaculizar la elección de la presidencia». Por ello proponen seguir poniendo nombres sobre la mesa hasta que en uno de ellos recaiga el consenso necesario para alcanzar la mayoría de tres quintos (reforzada) que se precisa, según el texto al que ha tenido acceso este diario.
Teso, Ferrer, Lucas y LamelaEl género de la persona que presidirá en los próximos años el Poder Judicial en España es un dato clave ante la insistencia de los progresistas para que la próxima persona que presida el órgano político de los jueces, y como consecuencia de ello el Tribunal Supremo, sea una mujer. El problema es que esa necesidad no es compartida por los vocales nombrados a propuesta del PP.
La primera apuesta del sector progresista es la magistrada de lo Contencioso Pilar Teso, una profesional moderada que obtuvo cuatro votos cuando fue elegido Carlos Lesmes para el anterior mandado del órgano de gobierno de los jueces. En los últimos días ha ido ganando peso la candidatura de Ana Ferrer, una magistrada de la Sala de lo Penal del alto tribunal que despierta aún más recelos entre los conservadores que Teso por su vinculación con Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación tradicionalmente cercana a los postulados socialistas.
Los conservadores, por su parte, impulsan la candidatura de Pablo Lucas, de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, al que venden como «progresista» y que desde 2009 asume el control judicial del CNI en el Tribunal Supremo. Estos vocales conocen, según las fuentes consultadas por este diario, el rechazo que Lucas provoca al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación con decisiones en las que ha podido airar a los socios de Gobierno como, las relativas a Pegasus o su negativa a comparecer ante el Parlament. Como alternativa, proponen a Carmen Lamela, la magistrada que estando en la Audiencia Nacional imputó al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por su implicación en el procés y que ordenó el ingreso en prisión provisional del expresidente del Barça Sandro Rosell, que acabó siendo absuelto.
Por otro lado, se analizan también las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de paridad, que exige una proporción del 40-60 por ciento en órganos como es el Consejo, algo que ahora se cumple por la mínima, al haber sido nombradas vocales ocho mujeres frente a 12 hombres. Como no se dice nada de la Presidencia, y de ser un hombre quien la alcance se rompería este frágil equilibrio, el debate está servido.
