«¿Ustedes creen que esto es cuestión de llenar un avión con 300 personas y los llevamos… dónde?» La pregunta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el clavo central de sus argumentos en defensa de su política sobre inmigración ilegal, la que ha sido sometida a examen en una comparecencia parlamentaria en principio convocada para hablar del pacto europeo sobre migración y asilo y su producto más directo, el Reglamento Europeo de Retorno de migrantes.
El Partido Popular había llamado al titular de Interior a dar su opinión sobre un reglamento propuesto por la Comisión Europea a mediados de marzo y pendiente aún de tramitación en la eurocámara, y Marlaska ha desplegado un discurso pragmático que se resume con otra de sus frases. El de migración y asilo «no es el pacto europeo que todos habríamos querido, pero hay que llegar a un mínimo común, sobre todo después de ocho años de discusiones».
Pero el ministro se ha encontrado tanta contundencia en las advertencias de los grupos de la izquierda sobre ese reglamento europeo, como en las críticas del PP, cuya posición ha resumido la diputada melillense Sofía Acedo con el aserto: «Inmigración sí, pero regular», y la acusación a Marlaska sobre una inacción que lleva «a su política migratoria disfrazada de solidaridad, pero inhumana».
Ha destacado el ministro el detalle de la acción exterior prevista en el reglamento, lo que llama «adelantar fronteras» para que «la gente no tenga la necesidad imperiosa de salir y podamos salvar vidas». Es una medida que conecta con las emprendidas por Interior desde 2019, de conversación con los países emisores de migrantes, como Senegal y Mauritania, que, ha recordado Marlaska, «han permitido evitar un 40% de salidas».
Externalizar o expulsarEl Reglamento Europeo de Retorno cumple en principio una petición reiterada por el MED5, el grupo de cinco países -España, Italia, Grecia, Chipre y Malta- más afectados en sus costas por olas migratorias: unificar el procedimiento legal y administrativo para la ejecución de devoluciones de migrantes sin permiso. En la UE, según admite la Comisión en la exposición de motivos del reglamento, «hay 27 sistemas diferentes».
Ahora bien, también incorpora propuestas de la ultraderecha, como la que, formulada por el gobierno italiano de Giorgia Meloni, propone externalizar la concentración de migrantes en proceso de expulsión a centros en países terceros. «Plantea muchas, muchas dudas», «lo miramos con cautela, desde el punto de vista jurídico, pero también político», ha dicho Marlaska sobre esa idea italiana, recordando que el poder judicial de Italia ha parado el envío de migrantes a Albania que había iniciado Meloni.
«España se ha convertido en el destino preferencial de las mafias» ha denunciado el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro, antes de añadir a sus quejas que el Ejecutivo ha expulsado del país «solo a 18.000» migrantes ilegales. Se basa en el aserto de que en Europa solo es retornado uno de cada cinco inmigrantes que entran sin permiso. «Somos uno de los países de la UE que más retornos hacemos», ha asegurado Marlaska. «Si no se coopera con los países de origen y tránsito, cualquier orden de retorno está condenada al fracaso», ha añadido.
La inmigración, ha explicado el ministro, es una realidad marcada por detalles como que «entre el 15 y el 20% del PIB de países africanos como Senegal viene de las remesas de los migrantes».
Advertencias de los sociosPara el diputado de Sumar Enrique Santiago, si se aprueba el reglamento de retorno en Europa, los refugiados palestinos encontrarán «serios obstáculos» para hallar refugio en Europa. Ningún reglamento europeo «obliga a restringir derechos», jha advertido, y ha exigido, en el centro de sus peticiones al Gobierno, que la aplicación del reglamento no suponga la eliminación de la obligación de la Administración de examinar cada caso de forma individualizada. Para sumar es una «línea roja» especialmente el triaje de los menores en frontera.
«Los solicitantes de protección internacional no son objetos para ir arrojándolos de un país a otro», ha advertido Santiago, temiendo la imposición en Europa de «una nueva trata como la de Bukele», el presidente de El Salvador, «que cobra por meter migrantes expulsados en centros antiterroristas».
Cree la diputada republicana catalana Teresa Jordà que el Pacto Europeo de Migración y Asilo es una consecuencia de «copiar la agenda de la extrema derecha», ha dicho, pidiendo denunciar que socialistas y populares se hayan puesto de acuerdo para apoyar ese pacto. El Reglamento, en su opinión, «viola una larga serie de derechos», que ha encabezado señalando el reenvío de migrantes a centros en terceros países. «Una lista absolutamente contraria a lo que defiende cualquier persona que sea progresista».
Gran reemplazoHa dicho Marlaska que el pacto europeo sobre migración y el reglamento de retorno establece «una nueva norma eficaz y común de la UE» con la que «los retornos deberían producirse con prontitud y eficacia, y con todas las garantías», también con «normas claras y comunes», garantizando los derechos fundamentales en todas las fases del retorno, también las devoluciones en frontera, que se mantendrían con el reglamento.
La diputada del PP Acedo ha lamentado que mezclar motivos en la comparecencia en el Congreso permite al Ejecutivo «hablar un poco de todo para no decir nada». Acedo ha defendido el reglamento como medida para paliar los efectos de «la inacción y el caos en el que el Gobierno ha convertido la política migratoria en nuestro país», y para emitir normas claras y más duras de retorno cuando «solo uno de cada cinco inmigrantes sin derecho a permanecer en la UE abandonan efectivamente el territorio Europeo». La diputada ha acusado a Marlaska de «homologar el acceso irregular a España» con «su bajo grado de ejecución de expulsiones».
Por su parte, el diputado de Vox Gil Lázaro ha preferido no hablar del reglamento europeo, sino de la “emergencia migratoria que vive Europa y España”, como consecuencia de “políticas permisivas en relación con la inmigración masiva e ilegal”, y el “riesgo de islamización” que en su opinión conlleva.
«En este momento residen en España nueve millones de extranjeros, lo que representa el 18,5% del total de la población, una de las tasas más altas de la UE», ha deplorado Gil Lázaro, sin aclarar si solo cuenta a los inmigrantes, y no a los turistas residentes. Según sus cuentas, desde que Pedro Sánchez gobierna, «el número de población extranjera ha crecido en 2,7 millones, mientras la población autóctona descendía en 600.000 personas».
O sea, fundamento para la teoría de la sustitución demográfica, el gran reemplazo, que sostiene toda la ultraderecha europea.
