A menos de diez días del 20 de febrero, cuando acaba el plazo para el pago anticipado del impuesto del Gobierno, momento a partir del cual podrán iniciar sus recursos, las energéticas ultiman sus estrategias para hacer frente a un gravamen considerado injusto por todas ellas. Las grandes compañías han gritado alto y claro –unas más y otros menos— su oposición a la tasa que pretende gravar el 1,2% de sus ventas en España, aunque ninguna se atreve a ser la primera en poner boca arriba sus cartas.
Preguntadas las principales patronales sobre la posibilidad de recurrir la orden ministerial de Hacienda por la que se regulan los modelos de declaración, como sí se plantea hacer la banca, desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), indican que “en este momento” no están en eso; mientras que Aelec, la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, ha declinado hacer comentarios. Su presidenta, Marina Serrano, afirmó este martes en Televisión Española que están “analizándolo”.
Serrano recordó que Bruselas propuso a los países crear un gravamen para petroleras y gasistas (no, para las eléctricas) que afectase a los beneficios y no las ventas. Para las eléctricas la Comisión Europea planteó un recorte a los beneficios extraordinarios de sus renovables y nucleares, pero muy inferior al que ya existe en España. Por su parte, en una entrevista esta semana en El Economista, Francesco Starace, consejero delegado de la dueña de Endesa, la italiana Enel, reconoció, en relación a un posible recursos judicial contra el tributo, que “están ahora analizándolo con todo detalle, porque no es tan fácil” al tratarse de un gravamen sobre los ingresos, algo que calificó como «raro». “Vamos a decidir cuando este análisis esté completo”, añadió.
La mayoría de consideraciones de las empresas han llegado siempre a través de sus principales ejecutivos tras las preguntas de los analistas. En la presentación de resultados que comienza la próxima semana con el goteo de las cuentas anual, es posible que esclarezcan sus planes. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido siempre uno de los más contundentes al insistir en todas las conferencias con analistas en que las petroleras no tienen beneficios extraordinarios y si sus resultados son de récord este año (hasta junio ganó más que durante todo el año anterior), también lo fueron los números rojos de 2019 y 2020 y “ningún gobierno habló de apoyar esas pérdidas extraordinarias”.
“No tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el ordenamiento jurídico español y nuestro ordenamiento jurídico interno europeo, nos van a proteger de posibles iniciativas arbitrarias. Contra las medidas arbitrarias, el estado de derecho y la seguridad jurídica son imprescindibles, especialmente en la Unión Europea. Así que déjenme decir que estoy cómodo”, dijo Imaz en julio del año pasado. En octubre insistió en que hará “todo lo posible” para evitarlo.
En línea con Imaz está el siempre categórico Ignacio Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola, la compañía eléctrica más grande de España, dijo en la presentación de resultados de los nueve meses que acudirían a los tribunales si la propuesta de gravar las ventas y no los beneficios se mantenía porque iría “contra las directivas europeas”, en alusión a la defensa repetida por Serrano de que Bruselas aboga por castigar a las petroleras y penalizar beneficios, no ingresos. «Nuestros abogados trabajarán de manera eficiente, como de costumbre, para defender al accionariado», añadió por si no había quedado claro.
Por su parte, Naturgy se ha limitado a incluir una escueta referencia en sus resultados del primer semestre en la que indica que el gravamen tendrá un «impacto significativo» en sus cuentas anuales. El Gobierno había estimado una recaudación total de 4.000 millones en los dos años que estará en vigor el impuesto, pero después de su tramitación parlamentaria (donde se eximió del tributo a los negocios fuera de España y a la parte regulada), el Banco de España rebajó a la mitad la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos.
