Tras semanas de negociaciones, seis trílogos, y un último maratón de 16 horas los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado cerrar esta madrugada, al filo de las dos de la mañana, un acuerdo político provisional sobre otro de los expedientes claves de la legislatura: la nueva arquitectura de las reglas fiscales de la UE que inaugura una nueva etapa de más flexibilidad para los gobiernos, pero también de presupuestos más ajustados y estrictos requisitos de reducción del déficit y la deuda, tal y como exigía Alemania.d
La reforma, que ahora tendrá que ser aprobada en las próximas semanas formalmente por Consejo y Parlamento Europeo, mantiene intactos los dos pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: los techos máximos del 3% para el déficit público respecto al PIB y del 60% para la deuda. El nuevo sistema, según los gobiernos, permitirá reducir los ratios de forma «gradual, realista, sostenida y favorable» al tiempo que «protege las reformas e inversiones en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social y la defensa».
Tal y como acordaron en diciembre los Veintisiete, cada país diseñará y pactará con Bruselas planes nacionales de ajuste plurianual. Se basarán en una trayectoria técnica que la Comisión Europea propondrá a los Estados miembros con déficits y deudas superiores al umbral. Esta trayectoria indicará cómo garantizar que al final del período de ajuste de cuatro años la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o en niveles prudentes. Los países que se comprometen a hacer reformas e inversiones en las áreas prioritarias para mejorar el potencial de crecimiento podrán ver ampliados a siete años el periodo de ajuste.
«Las nuevas normas mejorarán significativamente el marco existente y garantizarán normas efectivas y aplicables para todos los países de la UE. Salvaguardarán unas finanzas públicas equilibradas y sostenibles, reforzarán la atención prestada a las reformas estructurales y fomentarán las inversiones, el crecimiento y la creación de empleo en toda la UE», ha valorado el ministro belga de Finanzas y presidente de turno del Ecofin, Vincent Van Peteghem, sobre un acuerdo que ha calificado de equilibrado. «Proporcionarán más espacio para la inversión, flexibilidad para que los Estados miembros suavicen sus ajustes y fortalecerán la dimensión social. Con un enfoque caso por caso y a medio plazo, junto con una mayor implicación, los Estados miembros estarán mejor equipados para prevenir políticas de austeridad», ha destacado la eurodiputada socialista Margarida Marques. Fuentes diplomáticas destacan que las negociaciones se han desarrollado bajo un espíritu «constructivo».
Salvaguardas de déficit y deudaEl Consejo llegó a la recta final de la negociación con el Parlamento Europeo con escaso «margen de maniobra» tras un tira y afloja muy duro con Alemania y los países frugales que obligó al resto de Estados miembros a introducir salvaguardas para limitar el margen de los gobiernos, también en el brazo preventivo del Pacto. El acuerdo final mantiene las salvaguardas acordadas por los Veintisiete para garantizar la reducción del déficit y la deuda. Esto supone que los países con una deuda excesiva tendrán que reducir el nivel un 1% anual si supera el 90% del PIB y un 0,5% si su deuda está entre 60% y 90% del PIB. Estas disposiciones, según destaca la Eurocámara, son menos restrictivas que el marco actual que exige que cada país reduzca la deuda anualmente una veinteava parte cuando supera el 60%. En cuanto a la salvaguarda del déficit, los gobiernos también tendrán que reducir el déficit hasta alcanzar un nivel del 1,5% para crear un colchón ante futuras crisis.
Para convencer a Francia e Italia también introdujo una serie de exenciones para permitir un ajuste más gradual. Además, a petición de un Estado miembro, el Consejo podrá permitir a un país que se desvíe de la trayectoria de gasto cuando circunstancias excepcionales fuera de su control conduzcan a un impacto importante en sus finanzas públicas. «Se especificaría un plazo para tal desviación, pero este período puede ampliarse si persisten las circunstancias excepcionales. La prórroga sería de un máximo de un año y podrá concederse más de una vez», señala la Eurocámara en un comunicado en el que pone el acento en que han conseguido reforzar la dimensión social, dentro del proceso de vigilancia de las cuentas públicas. «La Comisión medirá tanto la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales como los riesgos para la convergencia social» y «los Estados miembros deberán garantizar que su plan nacional también contribuya a los objetivos sociales», subraya la Eurocámara que hace hincapié en que los elementos cíclicos del gasto en prestaciones por desempleo no se tendrán en cuenta al calcular el gasto de un gobierno.
