La Sareb prevé destinar entre unas 20.000 y unas 25.000 viviendas adicionales a alquiler social, principalmente ofreciéndolas a comunidades autónomas y ayuntamientos para que las compren y las destinen a ese fin. Así lo confirman a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, diversas fuentes al tanto de los planes que ultima la compañía, que pasó a estar controlada por el Estado en abril del año pasado. La sociedad que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012 elevará de esta forma las viviendas que aportará al Plan Estatal de Alquiler Asequible impulsado por el Gobierno hasta rondar las 50.000, significativamente por encima de las entre 25.000 y 30.000 anunciadas inicialmente por el Ministerio de Transportes.
Los Ministerios de Economía (como responsable de la compañía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y de Transportes (encargado de la política estatal de vivienda), más los de Inclusión y Reto Demográfico, llevan en torno a un año preparando la nueva estrategia de vivienda social de la compañía, junto con el equipo directivo que pasó a gestionarla tras la toma de control por parte del Estado. A falta de afinar los últimos números, la idea es presentar dicha iniciativa incluida en su primer plan estratégico desde que es pública en las próximas semanas, quizás coincidiendo con la publicación de los resultados anuales de la empresa a finales de mes.
El presidente del Gobierno dio pista de estos trabajos hace unos días en el Senado, sin llegar a desglosar del todo las cifras. «La entidad va a contribuir con 50.000 viviendas al Plan Estatal de Alquiler Asequible, cuyo objetivo es incrementar el parque público de vivienda en alquiler al menos en 100.000 unidades», anunció Pedro Sánchez. Hasta ahora, se conocía que la aportación de la Sareb a dicho plan iba a consistir en algo más de 10.000 viviendas de su propiedad que ya están habitadas y en otras entre 10.000 y 15.000 que prevé que se construyan gracias a la cesión temporal de suelos a promotores privados.
Tres áreas La nueva estrategia de vivienda social de la Sareb, así, tiene tres grandes áreas. Por un lado, están las entre 20.000 y 25.000 viviendas que potencialmente podrán ser vendidas a las administraciones territoriales para fines sociales. También podrán ser suelos para desarrollar equipamientos públicos. El ayuntamiento de Tortosa, por ejemplo, adquirió en diciembre uno por 615.000 euros para construir un hospital.
El parque de inmuebles que la compañía ofrece ceder a autonomías y ayuntamientos, que son las competentes en materia de vivienda, ha subido desde las 4.000 iniciales de 2013 hasta las 15.000 ampliables en otras 5.000 de 2021. El problema es que las cesiones han sido muy inferiores a las inicialmente previstas, pese a que la Sareb asume la mitad del gasto para hacerlas habitables: apenas 3.386 hasta junio. Los convenios de cesión, así, no han funcionado bien por las dificultades de las administraciones locales más pequeñas para gestionar los activos y por la falta de viviendas en localidades donde se solicitaban.
Para tratar de solucionarlo, y además contribuir a su objetivo principal de vender los activos y reducir el coste para el contribuyente, la Sareb quiere impulsar las ventas a las administraciones territoriales. Hace unos días acordó traspasar 500 a la Comunidad Valenciana por 50 millones de euros, y mantiene negociaciones con otras autonomías. Se trata de un salto sustancial respecto a las en torno a 400 que había vendido al sector público desde su nacimiento en 2012 hasta la fecha.
Colaboración público-privada El otro gran proyecto es la cesión de suelos de su propiedad para que promotores privados construyan y gestionen entre 10.000 y 15.000 viviendas de alquiler social durante un plazo «igual o superior a 50 años». La Sareb fichó recientemente a la consultora Pwc por 386.937 euros para que le asesore en el análisis de la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto. En principio, dicha firma le hará una propuesta en mayo y, si es aprobada por el consejo de administración, la Sareb lanzará el primer concurso de licitación pública durante el verano, al que le seguirán otros, ya que el plan se prevé desarrollar en diversas fases.
Se trata de un modelo similar al que han puesto en marcha administraciones como el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona o la Comunidad de Madrid. El riesgo de construcción, financiación y explotación de las viviendas lo asumirá íntegramente el promotor y, finalizada la cesión del suelo, los activos revertirán a su propietario. En principio no debería ser la Sareb, ya que la ley establece que deberá desaparecer en noviembre de 2027. El Gobierno y el FROB, con todo, han dejado en alguna ocasión abierta la puerta a extender ese plazo, si bien fuentes del Ejecutivo aseguran no tenerlo ahora sobre la mesa.
Acompañamiento social El tercer pilar del plan de la Sareb es la gestión social de las viviendas habitadas que no ha cedido. La compañía tenía 1.243 viviendas con alquiler social al cierre de junio (familias que ocupan inmuebles de su propiedad provenientes en su mayoría de antiguos promotores, con contratos previos al traspaso de los activos a la Sareb). Además, creó el año pasado una dirección especial que está desplegando un nuevo sistema de acompañamiento social y laboral que prevé extender a las más de 10.000 familias que habitan en viviendas de su propiedad (a junio, 1.297 ya estaban en proceso).
Por una parte, les ofrece una renta asequible ajustada al 30% de sus ingresos. Pero además, ha fichado -durante tres años, renovables por otros dos- a las compañías especializadas Servihabitat, Sogemedi y Gesocin que se encargan de gestionar la habitabilidad de los inmuebles y a ayudar a dichas familias a salir de la situación de vulnerabilidad.
A un nivel más pequeño e inicial, la Sareb también está trabajando con el Ministerio de Reto Demográfico para impulsar viviendas en zonas despobladas, así como con el Ministerio de Inclusión para buscar soluciones habitacionales para los trabajadores temporeros.