La nueva ley de vivienda del Gobierno no ha dejado tampoco satisfechos a los consumidores. La OCU manifestó este lunes sus críticas ante el nuevo marco normativo al considerar que los costes asociados a la reforma legal recaen en los arrendadores. Según la organización de consumidores, la limitación del precio de alquiler y las demoras para recuperar la vivienda en caso de impago obliga al propietario a asumir la mayor el coste de la falta de acceso a una vivienda asequible. Por ello, la OCU lamenta la falta de oferta de vivienda social, que es «responsabilidad de las administraciones públicas, no de los pequeños propietarios», y pide al Gobierno «medidas urgentes y más ambiciosas en este ámbito».
La OCU destaca que «no resulta justo imponer a un particular el deber de alojar a otras personas sin contraprestación ni garantías, como consecuencia de la dejadez de las obligaciones de los poderes públicos». La asociación considera que los problemas actuales del mercado inmobiliario pasan por el impulso de un parque de vivienda social (vivienda pública en régimen de alquiler), «junto con la generación de un contexto de seguridad jurídica que fomente la oferta por parte de los arrendadores». La organización de consumidores se suma así a las voces del sector inmobiliario que se han mostrado en general escépticas ante la efectividad del marco normativo para contrarrestar los problemas de alza de precios y falta de oferta de vivienda asequible.
Pese al consenso que existe en el sector en la necesidad de medidas que incrementen la oferta de vivienda de compra y alquiler, prevalecen las dudas sobre la efectividad normativa en unos momentos de subida de los tipos de interés y encarecimiento de las hipotecas. La OCU, no obstante, celebra que la nueva ley potencie el alquiler social, pero considera que es una medida «que llega tarde y que tardará años en ser efectiva».
El actual parque público de vivienda social en alquiler asciende a unos 290.000 inmuebles (180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes), según datos del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019. Una cifra que apenas ha crecido desde entonces. Y que apenas supone una cobertura al 1,6% de los hogares españoles, muy lejos de la media europea, que alcanza el 9,3%. Las viviendas anunciadas de la Sareb que se pondrán en el mercado tampoco suponen una solución mágica.
Según cálculos de la OCU, las administraciones deberían multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler, bien promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público, bien adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin. Otra opción, al menos temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler para quien más lo necesite.
Aunque la OCU reconoce que la limitación del precio de alquiler podría servir para estabilizar los precios a corto plazo, considera que también «obliga a los arrendadores a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible, cuando muchos de ellos dependen en gran parte de este ingreso para su economía familiar; de hecho, el 44% declara ingresos anuales inferiores a los 21.000 euros». Ante un marco legal más restrictivo, en el sector inmobiliario se teme que aparezca un fenómeno de recorte de la oferta de vivienda disponible y que los precios no lleguen a un punto de equilibrio. El temor a que la falta de oferta se agrave crece entre los profesionales de la intermediación, lo que podría conllevar una crisis inmobiliaria, aunque algunos expertos limitan el recorte de actividad en torno al 15%, con una bajada de precios del orden del 5%.
