En poco más de dos semanas, el 20 y 21 de marzo, nueve eurodiputados de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje de Pegasus desembarcarán en Madrid para recibir explicaciones sobre la utilización del programa espía en España, entre ellos Juan Ignacio Zoido (PP), Iban García (PSOE), Diana Riba (ERC) y Jorge Buxadé (Vox). Junto a ellos también se desplazarán a España la liberal Roza Thun, el popular Vladimir Bilcik, el socialista Hannes Heide, el popular Jeroen Lenaers, que preside la comisión de investigación, así como la ponente del borrador de informe, la liberal holandesa Sophie in t’Veld que ha denunciado presiones e intentos por desacreditar su trabajo.
“No estoy atemorizada” pero “empiezo a estar cansada de todos los intentos por desacreditarme, de poner en cuestión mis intenciones, provocarme, cuestionar el método y todo”, ha denunciado este jueves, durante el inicio del debate de las enmiendas. En total, su borrador de informe ha recibido 1.281 enmiendas aunque una tercera parte, según ha explicado, son suyas ya que su primer borrador superó los límites máximos permitidos y tuvo que eliminar algunas partes. “Esa parte la he presentado en forma de enmiendas, además de algunas más porque desde noviembre han surgido elementos novedosos», ha explicado.
In t’Veld también ha indicado que incorporará el resultado de las pesquisas que hagan en España durante la tramitación de las enmiendas, antes de la votación del informe final -y del texto de recomendaciones que también ha recibido 805 enmiendas- en la reunión prevista el 26 de abril. “Hay bastantes enmiendas que pretenden eliminar varias partes del informe. Concretamente partes que critican a un país o un gobierno. Me parece muy importante que pensemos en principios y no en política”, ha recordado.
Según su informe, el programa fue utilizado para espiar a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez -como la ministra de defensa Margarita Robles y de interior Fernando Grande-Marlaska- así como a independentistas catalanes, incluidos eurodiputados, según una investigación del laboratorio canadiense Cizitenlab. España será el último destino para los miembros de la comisión Pegasus que ya se han desplazado en los últimos meses a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría.
Aunque el programa de reuniones y visitas no está cerrado, un borrador provisional con sugerencias de los grupos incluye a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez -incluido el presidente, la ministra de defensa, exteriores, interior y el ministro de presidencia-, miembros de las cortes, la directora de la autoridad de protección de datos, del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, y la ex directora del CNI Paz Esteban así como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la consejera Meritxell Serret, jueces y periodistas entre otros. Una vez que los grupos acuerden las personas con las que se quieren reunir cursarán las invitaciones.
Informe de Cs El inicio del debate sobre las enmiendas ha coincidido con la presentación en la Eurocámara de un informe encargado por Jordi Cañas (Cs) y elaborado por el académico español José Javier Olivas en el que cuestiona las conclusiones del CitizenLab sobre el supuesto espionaje a 65 independentistas catalanes y a su entorno. Según Olivas el documento del laboratorio canadiense, publicado el 18 de abril del año pasado, es poco transparente, viola la mayoría de las convenciones de investigación académica y no respeta los protocolos y principios de la investigación forense digital. “De ninguna forma este informe del ‘Catalangate’ puede ser usado como base evidenciaría para ningún tipo de comisión o juicio, porque no pasaría ningún tipo de revisión de pares mínimo a nivel académico”, ha explicado.
Según ha anunciado Ciudadanos, el grupo repartirá el informe entre los eurodiputados. “Tanto el primer borrador de conclusiones de la Comisión como una parte de las enmiendas presentadas asumen las falsedades de CitizenLab. Quienes van a trabajar en el texto final tienen ahora acceso a la información que se ha querido ocultar al Parlamento”, ha valorado Cañas sobre un documento que aspira a “contrarrestar” lo que considera “propaganda secesionista”. “Nadie quiere que ningún Gobierno, ni el español ni ningún otro, utilice programas espía para seguir a ciudadanos ilegalmente, pero lo que tampoco vamos a permitir es que nadie, utilizando un informe cuestionable, ponga en cuestión la democracia de nuestro país”, ha dicho en declaraciones a la prensa.
