La Mesa del Senado ha acordado no admitir la tramitación de la solicitud del PP para crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE valenciano antes de las elecciones del 28 de mayo y con la pretensión de que compareciera el presidente valenciano, Ximo Puig.
El secretario tercero de la Mesa, Rafael Hernando, del grupo popular ha atribuido este martes a la «ayuda del PNV» la negativa a aceptar el escrito de su grupo, ya que los representantes socialistas en la Mesa conforman, junto al único representante del PNV, una mayoría de cuatro frente a los tres del PP.
Sin embargo, otras fuentes de la Mesa han explicado que el requerimiento del PP no ha sido admitido en atención a «otros precedentes» que afectan al ámbito de los territorios y porque ya hay un criterio consolidado en este órgano sobre la necesidad de respetar las competencias territoriales.
En este sentido, las fuentes citan unas peticiones de informes cuya tramitación tampoco fue considerada hace no mucho tiempo precisamente para salvaguardar las competencias territoriales y las de los parlamentos autonómicos.
En este sentido, el portavoz adjunto del grupo socialista en el Senado, Gonzalo Palacín, había destacado en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces celebrada previamente a la Mesa que cada Comunidad Autónoma «tiene sus medios para tramitar este tipo de iniciativas», enmarcadas en cuestiones de «territorialidad».
Palacín había desacreditado además la petición del PP al calificarla de «cortina de humo» y un intento de «generar ruido» precisamente cuando el expresidente valenciano del PP Francisco Camps estaba lanzando «insultos» y acusaciones contra excargos del PP implicados en la trama Gürtel por financiación irregular de este partido.
«Muy mal se tiene que ver el PP en la Comunidad Valenciana para recurrir a este tipo de artimañas», había sentenciado.
En el documento presentado la semana pasada por 24 senadores del PP junto a la senadora navarra Ruth Goñi, del Grupo Mixto, los populares aseguraban ver indicios sobre la existencia de «una auténtica caja B de financiación ilegal del PSOE» a partir de la presunta trama corrupta de financiación del socialismo valenciano.
El PP afirmaba que este caso tiene «ramificaciones que afectan a dirigentes políticos y cargos electos socialistas a nivel nacional» con una «caja B» que «se ha mantenido durante décadas y que continúa hasta nuestros días».
Y sostenía que este «patrón de comportamiento» del PSOE alcanza a casos que según los populares confirman la «inequívoca financiación ilegal» del PSPV-PSOE y del PSOE a nivel nacional, como el caso Azud.
Rafael Hernando cita además, en un mensaje a través de las redes sociales, el llamado caso Acuamed, porque para su partido es preciso indagar sobre la «financiación ilegal» del PSOE «de Ximo Puig» mediante las obras públicas de esta empresa en Valencia.
