Una vez concluido el paréntesis navideño, los jueces que instruyen casos que afectan al Gobierno reanudan su actividad, que esta semana arranca con dos citas clave en las causas que investigan al fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos y al hermano del presidente Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz por las circunstancias que rodearon la creación del puesto de alto directivo que ocupa el músico en dicha institución. Tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense están previstas varias declaraciones que definirán el futuro de ambos procedimientos.
En el Tribunal Supremo, la expectación es máxima por la citación este miércoles de Miguel Ángel Rodríguez. El controvertido jefe de gabinete de la presidenta madrileña es señalado desde la Fiscalía General como origen del bulo en relación con la causa por fraude a Hacienda abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso ,que se trató de combatir mediante una nota de prensa que incluyó datos personales del empresario.
La investigación pretende arrojar luz sobre la presunta filtración de un correo en el que la defensa de Alberto González Amador proponía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio. Rodríguez, obligado a decir verdad, reaccionó a su citación acordada por el magistrado del Supremo con las siguientes palabras: «Ya veré lo que me pregunta y ya veré lo que contesto».
Ese mismo 8 de enero, y también con obligación de decir verdad como testigos han sido citados los periodistas Esteban Urreiztieta (El Mundo) –que fue el primero en informar del pacto, pero atribuyendo su iniciativa al fiscal del caso, Julián Salto– y Alfonso Pérez Medina (La Sexta) –que dio cuenta horas después del comunicado original que el abogado del empresario remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, reconociendo dos delitos contra Hacienda y ofreciendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo–. Los informadores han sido citados a petición de la defensa de Álvaro García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, y es muy probable que se acojan a su derecho a no revelar sus fuentes.
Un día después, el 9 de enero, deberán comparecer igualmente ante el magistrado Ángel Hurtado Miguel Ángel Campos (Cadena Ser), Marcos Pinheiro y José Precedo (elDiario) Cynthia Coiduras (El Plural) , Olivia Moya González (Libertad Digital) y el redactor de la noticia, o en su defecto el redactor jefe de Vozpouli en relación con la que publicó este medio a las 23.000 horas del pasado 13 de marzo.
Moncloa y mensajes borradosSegún las acusaciones se difundieron datos confidenciales que pudieron tener afectación en el derecho de defensa y cuyo origen habría sido el propio Ministerio Fiscal. En la causa acusan, además de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, el Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dos asociaciones de corte ultra. La causa ha llegado a implicar a personal en Moncloa tras conocerse que el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato –que ya ha declarado como testigo– acudió a un notario para dar fe del envío por parte de una asesora de Presidencia del correo de la defensa del novio de Ayuso para que lo utilizara en un debate contra la presidencia.
Las comparecencias se producirán tras conocerse un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que García Ortiz cambió de terminal telefónico el pasado 23 de octubre, una semana después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra él por este asunto. La información respondía a una diligencia acordada por el magistrado después de que los investigadores constataran que García Ortiz no guardaba ningún mensaje de los días clave de la supuesta filtración, tras lo cual desde la propia Fiscalía General se reconoció que habían sido borrados, obedeciendo a un protocolo habitual de seguridad.
Investigación en BadajozEl jueves, 9 de enero, la jueza Beatriz Biedma ha citado en calidad de investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno al que imputa presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad en el programa Opera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. El mismo día debe comparecer el secretario de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, igualmente como imputado en este procedimiento.
Pese a que estas citaciones fueron recurridas por la Fiscalía, que hasta dicho momento venía apoyando las pesquisas, la jueza se reafirmó en sus decisiones y apuntó en un reciente auto que las declaraciones que se desarrollarán entre los próximos 8 y 17 de enero se fundamentan en indicios que señalan a la participación de los diferentes investigados, descartando la existencia de una investigación prospectiva.
Un informe también elaborado por la UCO el pasado mes de septiembre concluyó, tras el análisis de los correos electrónicos intervenidos tanto a Sánchez como a Gallardo y otros responsables de la Diputación, afirma que “con ocasión de la elaboración de los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz para el año 2017, en el seno del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, se fueron elaborando, por los diferentes responsables de la citada Área, una serie de necesidades que implicarían la aprobación del correspondiente presupuesto, entre ellas, necesidades de personal». La cuestión es que no se hizo entonces mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios existentes en Badajoz.
«Incluso, por parte del Presidente, se habría mostrado el parecer de que la propuesta de personal es excesiva», llegaba a afirmar la jueza en su auto de citación como imputado de Sánchez, para añadir que, sin embargo, solo unos días más tarde y por parte de un Técnico Asesor de Recursos Humanos se solicitó a la Directora del Área de Cultura, la elaboración de una memoria justificativa para la creación de un puesto de alta dirección, como coordinador de los dos conservatorios provinciales, petición que se hizo de manera urgente imponiendo un plazo de dos días para su elaboración. A ello se suma que el Director del Conservatorio Superior de Música manifestó que, teniendo en cuanta las necesidades del Conservatorio, pese a que el puesto de coordinador era de agradecer, existían «otras necesidades imprescindibles».
El mismo día 9 de enero, además de Sánchez y Gallardo, están citadas otras siete personas, todas ellas con diferentes responsabilidades en la Diputación. Un día antes habrán comparecido otos dos testigos y altos responsables de la Agencia Tributaria en Extremadura, entre ellas la inspectora regional María Encarnación Cabezas, para que ratifiquen el informe en el que estimaron fiscalmente compatible la residencia en Portugal del músico con su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz. En una comunicación posterior, la propia Santos comunicó a la instructora del caso que dicha conclusión no era fruto de una investigación formal sobre la posible comisión de delitos fiscales por parte de David Sánchez y se limitó a una simple consulta en las bases de datos de Hacienda.
