La justicia da un paso más para sentar en el banquillo a los 12 integrantes del núcleo radical incardinado en los Comités de Defensa de la República (CDR) que fue desmantelado en septiembre de 2019 en la denominada ‘Operación Judas’. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita la apertura de juicio oral contra todos ellos por un delito de pertenencia a organización terrorista, y únicamente a ocho les imputa también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.
Así lo han adelantado ‘El Mundo’ y confirmado a este diario fuentes del Ministerio Público, que añaden que su escrito, presentado el pasado 15 de junio, muestra conformidad con el auto de conclusión del sumario del Juzgado Central de Instrucción número 6, que fue quien instruyó esta causa y vio razones para llevar a juicio a doce de los investigados. Una vez se solvente este trámite, se volverá a dar traslado a las acusaciones para que elaboren su escrito de acusación fijando la petición de penas.
Los miembros más radicales de este grupo, que según concluyó la investigación del juez Manuel García Castellón trataba de lograr la independencia de Cataluña por métodos violentos, son Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado, a quienes además de pertenencia a organización terrorista se les atribuye indiciariamente tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. A otros tres investigados -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- únicamente se les acusa del primero de estos delitos.
La primera vez que García Castellón procesó a los detenidos en la denominada ‘Operación Judas’ fue en septiembre de 2021. No obstante, posteriormente la Sala de lo Penal le obligó a reabrir las pesquisas para practicar las diligencias solicitadas por algunos investigados. Una vez concluidas, volvió a cerrar la instrucción enviando el sumario a la Sala de lo Penal para que proceda a juzgarlos. Inicialmente, eran 13 procesados, pero el juez archivó la causa para uno de ellos por razones médicas, por lo que el procedimiento continuó solo respecto a doce.
Entregados totalmente a «la causa» En el auto de procesamiento, el magistrado explicaba que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles.
De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el ‘procés’ desde la cárcel de Lledoners.
También habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado CNI catalán para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana. Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.
Junto a un reducido grupo de personas, tenían previsto cooperar para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de «intendencia», montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros. De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, «se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior».
El juez también subrayaba en su auto de procesamiento que los procesados que «habrían superado los CDR hasta configurar una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
Objetivos Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el instructor menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
García Castellón prestaba especial atención en su auto reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca. Asimismo, destacaba que habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d’Esquadra.
