La Fiscalía de Madrid ha dado un impulso a la investigación del caso Cuarteles y ha solicitado a la juez que instruye la causa, María Isabel Durántez, que llame a declarar como testigos a dos generales y siete coroneles de la Guardia Civil por el pago de casi tres millones de euros a las sociedades del empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, según especifica un escrito del 20 de septiembre, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica.
En concreto, la fiscal Elisa Lamelas Oliván reclama que testifiquen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid el General de Brigada Jefe de la Zona de Extremadura y el General Jefe de de la zona de Valencia. También pide que se identifique al jefe de Servicios de Acuartelamiento, cuyo responsable último es un general de la Guardia Civil.
Además, reclama a la magistrada que cite como testigos a los coroneles de las Comandancias de Badajoz, Castellón, A Coruña, Algeciras, Alicante, Valladolid y Murcia. El Ministerio Público en Madrid también pide la comparecencia del jefe de la Comandancia de Albacete, a cargo de un teniente coronel; de un cabo, dos sargentos primeros y un guardia civil.
El teniente general Jarava, en la jura Bandera de la 100ª Promoción Colegio Guardias Jóvenes de Valdemoro. A su izquierda, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. G. C.
De lo actuado hasta el momento, la fiscal concluye que de las obras realizadas en los cuarteles que están siendo objeto de investigación «hay partidas que no se ejecutaron en su totalidad, otras en las que los conceptos estaban sobredimensionados respecto de los metros cuadrados, las zonas pintadas o bien el coste de la hora, que era desproporcionado». Pese a ello, el teniente coronel Carlos Alonso «certificó las obras de conformidad, incluso en algunos casos antes del inicio de su ejecución».
«Contratos menores» Por lo que se refiere a los expedientes de gasto, que fueron tramitados como «contratos menores y anticipos de caja fija» que fueron adjudicadas a sociedades relacionadas con el empresario Ángel Ramón Tejera, ‘Mon’, el informe de la Fiscalía concluye que de lo actuado hasta el momento se deduce que se emitieron facturas por partidas o unidades de obra que no fueron ejecutadas o lo fueron de forma parcial «y, pese a ello, dichas facturas se certificaron de conformidad por los responsables de las distintas unidades territoriales, causando el correspondiente perjuicio económico al erario público».
Entre el periodo 2014 y 2019, las empresas vinculadas a ‘Mon’ obtuvieron 2,9 millones de euros. Cita concretamente a las empresas Angrasorcur S.L, Solocorcho S.L, Canarycork S.L., Impermercork S.L. y a otras dos entidades responsabilidad de particulares que colaboraban con él en los trabajos.
A la fiscal le llama la atención que para adjudicar todas estas obras no constara prospección previa de mercado, «siendo estas mismas sociedades las consultadas y adjudicatarias». Así ocurrió al menos, según lo acreditado hasta el momento, en los contratos menores de obra de los acuartelamientos en Navarrendonda de Gredos (Ávila), en el cuartel de Pliego (Murcia), Fuente de Cantos (Badajoz) y en los expedientes de gasto en Santa Cruz de Tenerife
