Israel prepara una ley de emergencia que permita a la policía detener a civiles, sacarlos de sus casas o confiscar sus propiedades si se considera que han difundido información «que podría dañar la moral nacional o servir de base para la propaganda enemiga», según ha adelantado Haaretz.
El medio israelí detalla que el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, estaría promoviendo esta draconiana regulación, consultada también con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. De ser adoptada, esa legislación permitiría al Gobierno imponer limitaciones y censurar la libertad de expresión de forma «arrolladora».
El borrador de la normativa, titulada ‘Limitar la ayuda al enemigo mediante la comunicación’, señala que se aplicaría no solamente sobre la población civil, sino también sobre aquello que publiquen tanto los medios de comunicación nacionales como los internacionales, aunque se trate de informaciones «objetivamente correctas».
En una entrevista, Karhi aseguró este domingo que la regulación de emergencia que lidera tiene como misión apagar las emisiones de la televisión catarí Al Jazeera en Israel. El Gobierno del Estado hebreo ha reiterado que el canal internacional incita al odio y a la violencia contra los judíos en el mundo árabe. En 2020, Estados Unidos ordenó a su afiliada AJ+ registrarse como agente extranjero, pues el Departamento de Justicia consideró que el medio, respaldado por la familia real de Catar, participa en «actividades políticas».
Poder censor para el ministro De aprobarse, la ley perseguirá todo contenido que «mine la moral de los soldados y residentes israelíes frente al enemigo» o aquella información que pueda «servir de base para la propaganda enemiga, incluida la difusión de sus mensajes propagandísticos». Eso afectará tanto a mensajes de texto, como a audios o vídeos.
Según informa Haaretz, será el ministro Karhi quien decida «a discreción» la aplicación de esa nueva normativa de emergencia, lo que le daría poderes para detener una retransmisión en directo, confiscar material periodístico e incluso ordenar la actuación de las fuerzas de seguridad cuando pueda tratarse de una infracción penal. La ley israelí pena tanto la publicación de propaganda subversiva como la de mensajes sediciosos.
De 41 años, Karhi es miembro destacado del Likud, el partido nacionalconservador y sionista liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El ministro es conocido por su oposición a la comunidad LGTBI y por haber «mandado al infierno» a los objetores de conciencia que rechazaban su participación en el ejército israelí.
Sin embargo, el medio israelí apunta que el borrador de ley impulsado desde el Gobierno «contradice plenamente los valores democráticos de Israel» y que es «improbable que sea aprobado por el consejo legal» que asesora al Ejecutivo del Estado hebreo.
