“Amjad Amini está bajo arresto domiciliario”, informó la ONG con sede en Oslo Iran Human Rights (IHR), en referencia al padre de la joven, fallecida a los 22 años en un centro sanitario tras haber pasado por dependencias policiales.
“Las fuerzas de seguridad le impiden que visite la tumba de su hija Jina Mahsa Amini en el aniversario de su asesinato”, añadió la organización opositora al régimen de Irán.
IHR indicó que la casa de la familia de la joven se «encuentra rodeada de fuerzas militares» en la ciudad de Saqez, en el Kurdistán iraní, para evitar que salgan de la vivienda para lleven a cabo una ceremonia religiosa para conmemorar su muerte.
Esta mañana el padre de Amini fue detenido durante unas horas para advertirle de que no conmemore el primer aniversario de la muerte de su hija, denunció IHR.
La agencia oficial iraní, IRNA, negó la detención de Amjad Amini y afirmó que las noticias sobre su arresto tienen como objetivo “incitar a la población a protestar”.
Restricciones en el cementerio La fuerzas de seguridad iraníes han impuesto además fuerte restricciones en el cementerio Aichi, donde está enterrada Amini, donde comenzaron las protestas al día siguiente de su muerte, el 16 de septiembre de 2022.
Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, se reunió con familiares de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron en las protestas, informó hoy IRNA.
La muerte de Amini provocó fuertes protestas al grito de «mujer, vida, libertad» que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y que se apagaron tras una represión que causó 500 muertos, miles de detenidos y en las que fueron ejecutados siete manifestantes, uno de ellos en público.
Ante el aniversario de su muerte, las autoridades iraníes han desplegado fuertes medidas de seguridad en las calles de Teherán y otras ciudades, entre ellos efectivos antidisturbios motorizados, para evitar nuevas protestas.
A ello se suma que en las últimas semanas las autoridades iraníes han intensificado las advertencias y las detenciones de activistas y periodistas para acallar las reclamaciones de libertades.
Docenas de familiares de fallecidos en las manifestaciones han sufrido detenciones arbitrarias, restricciones a la celebración de reuniones pacíficas en los lugares donde se encuentran las tumbas y la destrucción de lápidas, ha denunciado Amnistía Internacional (AI).