IEs casi imposible describir lo que hemos vivido en los pueblos y ciudades inundados alrededor de la ciudad de Valencia. Muchas de esas aldeas y ciudades están en ruinas, con al menos 217 muertos y otros por ser rescatados del barro. Hay muchas áreas que todavía necesitan ayuda urgente. Hay pueblos sin agua ni luz que no han podido sanear. Todavía quedan garajes inundados, edificios al borde del colapso y problemas de salud que pueden derivarse del agua acumulada.
Pero lo que también resulta increíble es la absoluta negligencia del gobierno regional valenciano en su gestión previa y posterior al desastre. Permítanme intentar resumir algunas de las deficiencias más graves.
El gobierno regional recibió todas las advertencias posibles sobre las inundaciones de muy diversas fuentes. La comunidad científica lleva décadas alertando de que todo el Mediterráneo se está convirtiendo en un caldo de cultivo para tormentas cada vez más poderosas, que cubren una extensión de territorio cada vez mayor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió cinco días antes de las inundaciones de que se produciría una tormenta potencialmente sin precedentes, y 12 horas antes de los avisos públicos de nuestro gobierno local, precisó que la situación se encontraba en el máximo nivel de riesgo. Cuando las advertencias “oficiales” llegaron a los teléfonos de las personas a través de mensajes de texto esa noche, muchas casas ya estaban bajo el agua. La Universidad de Valencia, al menos, hizo caso de las advertencias de los científicos y dijo a sus estudiantes que se quedaran en casa ese día, salvando casi con seguridad muchas vidas.
La Generalitat Valenciana también recibió las advertencias directamente de mí y de otras personas muy alejadas de su modelo de gestión contraproducente, basado en la negación de la evidencia científica y en una mentalidad de “business as usual”. La verdad es que ya nada es habitual ni lo será nunca para la gente de estas comunidades devastadas.
En septiembre de 2023, miembros de Compromís, una alianza de izquierda en el parlamento regional valenciano, presentaron una propuesta que abordaba “los crecientes riesgos de inundaciones en el Mediterráneo”. El gobierno votó en contra.
El mes pasado planteamos la cuestión tres veces más, presentando incluso una propuesta urgente que debía debatirse en noviembre. Lo único que pedíamos era que se tomaran en serio los estudios científicos sobre estos riesgos crecientes y una mayor y mejor coordinación de fuerzas para hacer frente a los riesgos. No pedimos mucho porque sabíamos que en el gobierno de derechas de Valencia, liderado por el Partido Popular, había gente con un historial terrible en creer en la crisis climática y tomarla en serio.
Nuestras peticiones se hicieron sabiendo que las temperaturas de los océanos de todo el planeta están aumentando a niveles peligrosos y son causa de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Y porque ya hemos superado 1,5 grados por encima de las temperaturas preindustriales, el límite de seguridad marcado por la comunidad científica. Ahora estamos corriendo contra el reloj para abordar una emergencia planetaria que puede causar el colapso de las corrientes oceánicas (incluida la más crucial para el norte de Europa, la circulación meridional del Atlántico o Amoc).
También intentamos incluir el mayor riesgo de inundaciones en la agenda política local porque demasiadas personas en el poder ignoraban las advertencias. Carlos Mazón, presidente de nuestra Comunidad Valenciana, aseguró a la hora de comer el fatídico día 29 de octubre que no había nada de qué preocuparse, que por la tarde el temporal se habría disipado. Desde entonces, eliminó de sus redes sociales una publicación que contenía un video de esta conferencia de prensa.
Desde las inundaciones, miembros del Partido Popular de derecha han sugerido repugnantemente que parte de la culpa la tiene la agencia meteorológica española. Pero ya es demasiado tarde para que los políticos se oculten, como lo es para los miles de de gente que lo ha perdido todo. El gobierno regional se verá afectado por demandas de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Hay un debate en España sobre quién o qué tiene la culpa: la mala gestión política o la crisis climática. Pero esta pregunta no tiene sentido. En realidad, los dos están interconectados.
Cuando las autoridades políticas ignoran a la comunidad científica, ignoran las advertencias de las agencias de emergencia y rechazan las propuestas que les presentan los parlamentarios de la oposición para evitar un desastre inminente, las trágicas consecuencias son claramente su responsabilidad. Por otro lado, el calentamiento global se está acelerando y sus consecuencias están aumentando. No podemos negar la realidad.
Espero que en España y Europa todos seamos cada vez más conscientes de los riesgos que afrontan los países amenazados por graves sequías e inundaciones cada vez más extremas, la desertificación y los incendios forestales. Sin embargo, todavía no estoy convencido de que seamos capaces de unir los puntos.
- Juan Bordera es periodista climático y diputado independiente de Compromís en el parlamento valenciano. Ha donado sus honorarios por este artículo a una recaudación de fondos para los afectados por la tormenta.
