Juan Antonio Gómez-Pintado preside la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que representa al 95% del sector inmobiliario español con una veintena de asociaciones que, a su vez, dan cabida a más de 3.000 empresas. Afirma que la vivienda deber ser una prioridad para la administración, con esfuerzos que permitan un desarrollo «más asequible, más ágil y con más oferta» y señala en esta entrevista con La Opinión de Málaga que, mientras no haya más oferta, los precios no dejarán de subir.
-Achacan ustedes la escalada de precios de la vivienda a la falta de oferta causada a su juicio, sobre todo, por la escasez de suelo y la lentitud de las administraciones.
-Es así. Tenemos siempre las mismas reivindicaciones, falta nuestra materia prima, se tarda muchísimo tiempo en poner suelo en carga, algo fundamental para que se pueda desarrollar el número de viviendas que son necesarias. Luego tenemos otros procesos vamos a abordar en este congreso, fundamentalmente cómo implementar la Inteligencia Artificial (IA) y los procesos de industrialización para ser capaces de producir más de las 100.000 viviendas que hacemos ahora mismo en España al año.
-¿Cuántas harían falta?
-Unas 250.000 viviendas. Esta es la cifra de hogares que se crean en España todos los años. Según el Banco de España, tenemos un déficit de 600.000 unidades ahora. Si fuésemos capaces de producir 250.000 solo estaríamos cubriendo la necesidad de vivienda de los hogares que se generan todos los años.
-Es paradójico que la IA permita acelerar tantísimo los procesos técnicos y a cambio, sin embargo, haya demora administrativa.
-Lo ha dicho el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración de este congreso de APCE en Málaga: estamos en la era de la digitalización y en la administración todavía se está en la era analógica. Se tienen que acompasar los plazos de las administraciones con la situación social actual. Hoy, un suelo puede tardar en ponerse en carga entre 10 años y 20 años, hay alguno que más. Tenemos ejemplos hasta de 24 años. Lo más habitual están siendo plazos de entre 10 y 12 años.
-El Gobierno reconoce que el problema de la vivienda afecta ya a toda la sociedad.
-Es un problema social que necesita una visión completamente diferente, de largo plazo, donde los tiempos electorales se queden al margen de estas soluciones. Necesitamos que la clase política tenga la visión y la facultad de llegar a acuerdos para esa política de largo plazo. Hay que quitar este tema del debate electoral, porque cuando entonces cada uno tiene una visión política completamente diferente, y realmente de lo que estamos hablando son de problemas técnicos. Lo que pedimos desde el sector es que se enfoque de manera técnica, porque si se hace como problema político siempre hay un sesgo.
-¿Apoyan ustedes la Ley del Suelo que prepara el Gobierno?
-Sí. Tuvimos reuniones con el grupo ministerial, con la propia ministra y tuvimos la posibilidad de analizar la Ley del Suelo desde un punto de vista muy pragmático, no solamente desde la asociación. Contratamos a terceros independientes, especialistas, para que nos diesen su opinión. El sector tiene una opinión favorable. Así lo hemos manifestado al Gobierno y a la oposición. Entendemos que la ley es una ley técnica para problemas técnicos y es la que el sector necesita. Que luego sean capaces de ponerse de acuerdo o no ya es otra cuestión. Ahí nosotros poco podemos hacer.
-¿Y la ley andaluza que la Junta sacará en 2025?
-Pensamos que es muy positiva, también hemos tenido la oportunidad de analizarla. Esa ley ataca directamente a la raíz del problema, que es hoy la falta de capacidad para poner suelo finalista en manos del promotor, ya sea público o privado, da exactamente igual. Tampoco los promotores públicos tienen menos problemas que nosotros.
-¿Por qué no se hacen VPO? Están desaparecidas del mercado.
-España es el país de Europa que más vivienda protegida ha hecho de carácter privado, pero se dejó de construir en el 2008 porque se quitaron todas las subvenciones y todas las ayudas. Desde entonces, muchas comunidades autónomas no han subido los precios de los módulos. Y, claro, comparar el precio del módulo de 2008 y el 2024, pues la verdad, es imposible con la subida de carestía de materiales, con una pandemia, con una crisis de falta de suministro de componentes que nos afectó directamente, con la subida del coste de la mano de obra ¿Qué está ocurriendo? Que hay comunidades que ya han visualizado esto. La Junta de Andalucía es una de ellas, se han actualizado los precios y en cuanto eso ha pasado el sector privado ha entrado a competir. Málaga es un ejemplo de ello. En el último concurso que ha hecho de vivienda protegida o asequible ya ha habido 14 ofertas de empresas, tras una reunión que mantuvo el alcalde en Madrid.
Juan Antonio Gómez-Pintado, durante la inaguración del congreso de APCE en Málaga, que se desarrolla los días 16 y 17 de septiembre. / L. O.
-¿Veremos entonces más construcción de viviendas asequibles?
-Yo creo que el cambio se va a empezar a ver ahora, por lo que le comento del precio del módulo de VPO. El Ministerio dice que el objetivo es que más del 30% de la renta mensual no tenga que ser destinado a lo mejor al alquiler, pero nuestros estudios ponen el tope en el 35%. Para que una familia pueda vivir cómodamente asumiendo el pago de una compra de vivienda o de un alquiler no debe superar ese nivel.
-Málaga, en concreto, sufre el problema de la vivienda en grado máximo. El comprador local no llega a los precios que se exigen.
-En Málaga hay además otra cuestión, y es que atrae a nómadas digitales, a mucha industria de alto valor añadido. En el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se ve clarísimamente. Y, por supuesto, atrae a mucho turismo. La ‘huida’ o utilización de vivienda normal a través de plataformas como Airbnb para ponerla en alquiler de corto plazo y de uso turístico, donde al propietario le salen mejor los números, pues es un problema, porque lo que está habiendo es una expulsión de las familias malagueñas de esta necesidad para llevar esas viviendas al sector turístico. Esto es un tema que se tiene que regular.
-¿Cuál sería su idea?
-Quien quiera hacer vivienda turística, pues que haga una promoción de vivienda turística, pero mezclar vivienda turística con una comunidad de propietarios en el mismo edificio es algo que no casa bien, que no funciona bien. No sé cuál sería la regulación, no es un tema donde nosotros podamos opinar, pero hay que dar una solución. Es cierto que Málaga es muy atractivo para el turismo, eso está claro y hay que desarrollarlo, pero no podemos utilizar las edificaciones existentes, donde hay comunidades de propietarios, mezclándola con una persona que va a venir una o dos semanas o una semana a pasar unas vacaciones. Eso no funciona bien. Se generan problemas de convivencia y eso hay que resolverlo. El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía tienen que pensar qué solución dan a esta situación que están viviendo. Málaga es una ciudad exitosa, pero el éxito también se paga. Hay siempre un peaje, esto está claro, pero no puede ser a costa de los malagueños. Hay que ver y plasmar situaciones imaginativas para dar solución a todo el mundo.
-¿Creen que las subidas de precios se contendrán en esos próximos meses?
Si no se produce más vivienda, si la oferta sigue siendo tan escasa como está siendo, va a ser complejo, salvo que venga una crisis mundial económica. La demanda sigue siendo potentísima. En España se está produciendo una vivienda por cada seis familias demandantes y en Málaga una por cada diez familias. Tenemos un problema de oferta tremendo y esto hay que solventarlo.
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