España no desiste en su propuesta de poner un precio fijo para nucleares e hidráulicas. El Gobierno español redirige ahora la presión sobre el resto de países de la Unión Europea para incluir en la reforma del mercado eléctrico una nueva ‘excepción’ para países que tengan bajas interconexiones que pasaría por imponer a sus centrales más antiguas un precio regulado para nucleares e hidráulicas. Así lo confirma a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Kristian Ruby, el secretario general de la patronal europea de grandes eléctricas, Eurelectric, conocedor de las negociaciones.
“El Gobierno español está tratando de establecer una exención para sí mismo para básicamente expropiar plantas nucleares e hidroeléctricas”, asegura Ruby. «Es exactamente lo mismo que se planteó como propuesta española (a la reforma del mercado eléctrico europea), pero ahora lo quieren establecer como una excepción al sistema general basándose en el principio de una mala interconexión o un conjunto limitado de interconexiones», explica Ruby. El intercambio de electricidad de España con el sistema europeo es del 3%, muy por debajo de la recomendación europea del 10%.
El Ministerio para la Transición Ecológica propuso en enero a la Comisión Europea obligar a estas centrales a firmar contratos con el regulador por la energía que venden a un precio fijo, pero la Comisión Europea limitó ese mecanismo a las nuevas instalaciones al afirmar que lo contrario «espantaría» a nuevas inversiones. Y ahora España pretende volver a la carga y trata de retomar la iniciativa a través del Consejo de Energía de la Unión Europea, que reunirá a los ministros del ramo el próximo 19 de junio con el objetivo de concertar el enfoque general de este organismo de cara a la reforma en marcha del mercado eléctrico. En paralelo sigue abierto en debate en el Parlamento Europeo, que se resolverá un mes después. En el procedimiento legislativo ordinaria de la Unión Europea, la Comisión envía su proyecto al Parlamento y al Consejo de forma simultánea y estas dos instituciones intercambian diferentes propuestas hasta que llegan a un acuerdo mutuo.
En el último año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha demostrado liderazgo en el campo comunitario en materia energética. Pero esta vez, que lo que está en juego es una norma ordinaria cuenta, además, con la ventaja añadida de que al frente de esta reforma en el Parlamento Europeo se encuentra el eurodiputado socialista Nicolás González-Casares. Fuentes del Parlamento Europeo afirman desconocer las intenciones españolas de imponer precios fijos a esas dos tecnologías, pero añaden que los movimientos de España no suelen ser aislados, sino de la mano de otros países.
El argumento para imponer un precio fijo a hidráulicas y nucleares reside en que estas tecnologías se benefician de los altos precios del mercado –marcados por el gas– pero sin tener como coste esa materia prima. Y además son tecnologías sin competencia; en el caso de la hidráulica, por estar copados prácticamente todos los emplazamientos y en el de la nuclear, porque la construcción de nuevas centrales de este tipo requieren una amplio consenso. Las eléctricas españolas se oponen a cualquier intervención de este tipo, sobre todo en el caso de la hidráulica.
La nuclear es diferente. Los propios propietarios de las instalaciones flirtean con la idea de tener una rentabilidad razonable, sea cual sea la fórmula elegida. Sobre todo, ahora que las renovables empiezan a tener una elevada presencia en el sistema eléctrico y se está empezando a notar la depresión de los precios durante varias horas al día. «Si el sistema eléctrico nos va a necesitar, no puede ser perdiendo dinero”, decía a finales de abril Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las eléctricas propietarias de las centrales y las empresas industriales del sector. La cifra elegida para determinar esa «rentabilidad razonable» será el gran caballo de batalla. Araluce suele poner como ejemplo el tope actual a los ingresos de las eléctricas que se sitúa en un precio de 67 euros por megavatio-hora (MWh). El mercado de futuros fija el precio medio del mercado mayorista entre 2028 y 2033 en unos 45 euros por MWh.
