Es casi seguro que Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obtendrá un segundo mandato como primer ministro durante una votación de investidura en el Congreso el jueves.
Su regreso al cargo se produce casi cuatro meses después de las inconclusas elecciones generales de julio y ha dependido de la creación de una controvertida ley de amnistía catalana que ha enfurecido a muchas personas en España, sobre todo a los partidos y jueces de derecha.
¿Qué pasó en las elecciones generales?
Sánchez, un líder conocido por tomar riesgos, convocó elecciones anticipadas después de que el PSOE y sus aliados de coalición sufrieran una dura derrota en las elecciones regionales y municipales de mayo. La apuesta dio sus frutos: aunque acabó segundo detrás del conservador Partido Popular (PP), el PSOE superó con creces las expectativas.
A pesar de su victoria, el PP no alcanzó la mayoría parlamentaria y no pudo reunir el respaldo necesario para formar un gobierno, incluso con el apoyo del partido de extrema derecha Vox y otros grupos más pequeños. Ese fracaso dio al PSOE y a sus socios de la alianza izquierdista Sumar la oportunidad de intentar formar una nueva administración.
¿Que paso despues?
Pronto se hizo evidente que un gobierno PSOE-Sumar necesitaría el apoyo en el Congreso de partidos regionales más pequeños, incluidos los dos principales partidos independentistas catalanes, la pragmática Izquierda Republicana Catalana (ERC) y el partido de línea dura Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña). ERC y Junts dejaron claro que respaldarían un nuevo gobierno de Sánchez sólo a cambio de una amnistía para cientos de personas que han enfrentado acciones legales por su papel en el impulso unilateral e ilegal por la independencia regional catalana hace seis años. Entre ellos se encuentra Carles Puigdemont, el expresidente regional catalán que dirige Junts y que planeó el intento de secesión de 2017 antes de huir de España para evitar el arresto.
¿Por qué fue tan importante?
Los acontecimientos de octubre de 2017 sumergieron a España en su peor crisis política y territorial en décadas, lo que llevó al gobierno del PP de entonces a enviar policías a Cataluña para impedir que la gente votara en el referéndum de independencia. Luego, el gobierno central despidió a Puigdemont y su administración y tomó el control directo de la región. Mientras Puigdemont se autoexiliaba en Bélgica, algunos activistas independentistas de alto rango, incluidos miembros de su gabinete, fueron arrestados, juzgados y encarcelados. Cientos más fueron multados o acusados. Puigdemont se ha convertido en una figura odiada por muchos españoles que sienten que su búsqueda de la independencia catalana amenazaba la unidad española y que debería ser devuelto a España para enfrentar la justicia. Según una encuesta reciente, el 70% de los españoles se opone a la amnistía.
Si ese es el caso, ¿por qué sucede?
Porque Sánchez necesita el apoyo de ERC y Junts para mantenerse en el Gobierno, y confía en que la polémica se desvanezca y que la medida ayude a fomentar la convivencia. Fue duramente criticado por sus oponentes de derecha hace dos años cuando indultó a nueve líderes catalanes por su papel en el esfuerzo independentista, pero sostuvo que el gesto era necesario para ayudar a reducir las tensiones.
¿Qué cubre la amnistía y a quién se aplica?
El anteproyecto de ley, presentado este lunes por el PSOE, se titula Ley de amnistía orgánica para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Según el bando de Sánchez, se pretende que haga honor a su nombre. Abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, por lo que su alcance incluye el referéndum de independencia simbólico, consultivo y unilateral de noviembre de 2014 y el que se produjo tres años después y fue seguido por una declaración unilateral de independencia regional.
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Entre sus beneficiarios se incluyen 309 personas que enfrentan demandas penales y 73 agentes de policía que enfrentan acciones penales por su conducta en los días previos y posteriores al segundo referéndum. También se aplicará a dos casos de presunto terrorismo que involucran a los grupos independentistas catalanes de acción directa los Comités de Defensa de la República, que bloquearon carreteras y líneas ferroviarias, y la plataforma Tsunami Democràtic, que ocupó el aeropuerto de Barcelona en octubre de 2019.
Aparte de los dos casos mencionados anteriormente, la amnistía excluirá a cualquier persona que haya cometido terrorismo, tortura o “acciones intencionales” que hayan resultado en muerte o lesiones graves.
Aunque la amnistía permitirá a Puigdemont regresar a España y a algunos de sus antiguos compañeros levantar la prohibición de ocupar cargos públicos, los socialistas quieren subrayar que el acto de clemencia es más general. Dicen que está diseñado para aplicarse a los directores que se han enfrentado a acciones legales por permitir que sus escuelas sean utilizadas como colegios electorales para el referéndum, y a los funcionarios públicos, bomberos y policías.
¿Qué pasa después?
Se espera que el proyecto de ley de amnistía, que puede modificarse a medida que pase por el parlamento, sea aprobado por el Congreso, donde Sánchez y sus aliados tienen mayoría. Pero el PP –que ha atacado la legislación calificándola de un asalto al Estado de derecho e instado a la UE a intervenir en el asunto– controla el Senado, lo que significa que podría retrasar la aprobación de la ley. La legislación también ha sido criticada por jueces conservadores.
Una vez que se apruebe la ley, los jueces la aplicarán caso por caso, lo que significa que es probable que la controversia continúe.
