El pleno del Tribunal Constitucional decidirá en su próxima reunión, fijada para los próximos días 12, 13 y 14, si revisa la orden de arresto nacional dictada contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para el caso de que regrese a España. Los 11 magistrados que lo componen en la actualidad deberán decidir si admiten a trámite o rechazan el recurso presentado por la fiscalía contra la decisión de la sala de vacaciones del TC de inadmitir el interpuesto por el ‘expresident’ huido contra la amenaza de arresto que pesa en su contra dentro de las fronteras españolas.
La primera decisión que abordarán los magistrados es si admiten la abstención del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, del debate, puesto que se abstuvo de participar en cualquier asunto relacionado con el ‘procés’ en 2021, mucho antes de asumir la presidencia. Fue después de que el propio Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, entre otros, lo recusaran por haberse pronunciado en una conferencia sobre lo ocurrido en Catalunya en el otoño de 2017. La política del tribunal de garantías sobre recusaciones y abstenciones de magistrados cambió con posterioridad, ya bajo la presidencia de su antecesor, Pedro González-Trevijano, cuando se decidió blindar su composición frente a este tipo de incidentes para evitar perder el quórum necesario para resolver recursos de amparo.
Polémica decisión El recurso de Puigdemont contra las órdenes de detención nacionales que pesan en su contra fue rechazado de plano en agosto por la sala de vacaciones del alto tribunal, que no apreció que en su caso existiera vulneración de derecho fundamental alguna. La decisión fue adoptada por los dos magistrados de sensibilidad conservadora que la formaban, Concepción Espejel y César Tolosa; la tercera magistrada, Laura Díez Bueso, firmó un voto discrepante.
Dejado atrás agosto, prácticamente el primer día hábil en justicia, la fiscalía recurrió la decisión de la sala de vacaciones, al entender que no era el órgano competente para rechazar de plano un recurso de amparo, puesto que no había la urgencia en el asunto que justificara su pronunciamiento. Con argumentos similares a los de Díez Bueso en su voto particular, el ministerio público sostenía que no había necesidad de que el TC se pronunciara sobre el recurso en agosto, porque la impugnación se refería a órdenes de detención solo vigentes en España y ni el ‘expresident’ catalán ni el ‘exconseller’ que le acompañó en su huida y también es eurodiputado, Toni Comín, parecen dispuestos a volver al país.
Magistrados del alto tribunal solicitaron este lunes que la decisión sobre la admisión a trámite o no del recurso del ‘expresident’ fuera avocada al pleno, para que se puedan pronunciar al respecto los 11 magistrados que lo componen en la actualidad, y así tratar de conjurar la polémica que tuvo la decisión de agosto. En su recurso, el fiscal argumenta que no entra en la conveniencia o no del rechazo de plano de la impugnación, sino en que no puede resolverla la sala de vacaciones.
Hasta ese momento todos los recursos de amparo relativos al ‘procés’ habían sido admitidos a trámite por el alto tribunal y elevados al pleno del tribunal para su resolución. Una vez allí todos ellos han corrido idéntica suerte: han sido rechazados, pero nunca lo habían sido sin haber sido admitidos previamente a trámite.
