El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se ha dirigido de nuevo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, para reiterarle su petición de que se le faciliten documentos del rescate de Air Europa. Así consta en una diligencia de ordenación firmada el pasado 19 de julio por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado (antiguos secretarios judiciales), Miguel Ángel Ambrona Hernández.
El instructor investiga estos hechos al aceptar a trámite la denuncia que interpuso el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que mencionada el rescate de Globalia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En el mismo sentido otra de las acusaciones personadas, Hazte Oír, reclamaron a Peinado que cite a declarar como testigo al que fuera consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, quien sí tendrá que declarar en la Audiencia Nacional como testigo en el seno del caso Koldo.
El magistrado Peinado había reclamado a la SEPI que le entregara «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto» de las ayudas concedidas a Air Europa, según destacaba una providencia, de 20 de junio.
615 millonesEl instructor trata de determinar si la esposa del presidente del Gobierno influyó en el pago de ayudas a Air Europa, que recibió 140 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (repartidas en un préstamo ordinario de 235 millones y un préstamo participativo de 240 millones). En total, la inyección percibida por la compañía con dinero público ascendió a 615 millones de euros.
Javier Hidalgo (Globalia) / EFE
La defensa de Begoña Gómez se opuso a que el juez que la investiga pidiera a la SEPI información sobre el rescate a la aerolínea porque «procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno» a la compañía «no constituyen el objeto del presente procedimiento», según informó Europa Press.
En este contexto, la defensa de Gómez afirmaba que no tenía conocimiento de que Peinado hubiera dictado «un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial de Madrid».
Nuevos testigo e investigadosEl juez Peinado ha citado como testigo el 30 de julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interrogarle sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Un día antes, el 29 de julio, están citados como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado en concursos públicos por la esposa del líder del Ejecutivo; y el rector de la Universidad Complutense del Madrid, Joaquín Goyache Goñi.
También comparecerá como testigo Félix Jordán de Urríes, a quién se le atribuye ser el monitor de esquí y se le considera la persona que habría puesto en contacto a la pareja con Juan Carlos Barrabés. Según informa La Sexta, Urríes es el director general de la Fundación Deporte Joven y, además, lleva «año y medio desmintiendo» que sea monitor de esquí de Pedro Sánchez y su mujer.
Otros testigos son Leticia Lauffer, exdirectora de la empresa Wakalua, integrada en Globalia y que se comprometió a financiar el África Center de Begoña Gómez con 40.000 euros, pero que al final desembolsó solo 1.700; Luis Miguel Ciprés, directivo del grupo Barrabés ; y el marqués Diego del Alcázar Silvela, presidente del Instituto de Empresa, que creó el Africa Center que dirigió la mujer de Sánchez.
Informe a la IGAEPor otra parte, el juez Juan Carlos Peinado también ha encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elabore un informe pericial «con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación».
En concreto, quiere que se analicen «los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU». Por eso, el instructor pide un análisis de diferentes contratos de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es; del Consejo Superior de Deportes; y del Ayuntamiento de Madrid.
