El Gobierno escala el choque con Isabel Díaz Ayuso por su oposición a que la Real Casa de Correos, actual sede del gobierno regional, sea declarada lugar de memoria. La enmienda para intentar blindar el edificio que se incluyó en una ley ómnibus antes de final de año será recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno regional no la retira. Según explican fuentes del Ministerio de Política Territorial, se ha activado el procedimiento de diálogo previo, en disposición del artículo 33.2, antes de la interposición del recurso. El plazo que se ha otorgado es hasta el próximo 26 de febrero.
Coincidiendo con los 50 años del aniversario de la muerte de Franco, el Ejecutivo ha acelerado una treintena de expedientes sobre lugares de memoria. Entre ellos se encuentra el del edificio de Sol por albergar durante la dictadura la Dirección General de Seguridad, donde se documentaron torturas a antifranquistas. De persistir la resistencia de la Comunidad de Madrid a esta declaración conmemorativa, impidiendo la instalación de placas o cualquier otro distintivo en recuerdo y homenaje a las víctimas, el choque acabará en los tribunales. A través de sus redes, Ayuso ha respondido al requerimiento que «el ministro canario recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró ‘franquistas’ en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid».
Los servicios jurídicos advirtieron al grupo popular, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre la posible irregularidad de esta enmienda al introducirla en una normativa que no trataba sobre esta materia. Incluir a posteriori enmiendas sobre algo que no se preveía regular previamente, «no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa», reza el informe de los letrados autonómicos. Entonces, tanto Más Madrid como PSOE adelantaron que acudirían al Defensor del Pueblo.
Según el nuevo texto aprobado, cualquier placa o distintivo que quiera colocarse con caracter permanente en este edificio y «que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia» requerirá «de la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid».
Ayuso contraatacó primero en el TC con otro recurso presentado el pasado viernes contra el Ejecutivo de Sánchez por su intención de convertir Sol en un lugar de memoria. En el equipo de Ayuso defienden que se vulneran las competencias autonómicas y lo consideran un «ataque frontal» a su Gobierno.
La dirigente madrileña ya acusó al presidente de querer «quemar las calles y de haber «enloquecido» por organizar actos por la muerte de Franco en 2025, pero lo que quieren evitar a toda costa es un acto con presencia de Moncloa en el que se identifique la sede del Gobierno regional con la tortura o la época franquista.
CuelgamurosDe forma paralela a la tramitación de los expedientes sobre lugar de memoria, el Gobierno sigue dando pasos para transformar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) en un lugar civil de memoria. Para acelerar el proceso, el ministerio de Vivienda ha tomado las riendas. Está previsto que este mes de febrero esté lista la redacción de los pliegos para lanzar un concurso público de ideas sobre el proyecto de resignificación. Se trata de una de las medidas incluidas en la ley de memoria democrática aprobada en octubre de 2022.
El concurso de ideas para definir el nuevo Cuelgamuros se espera llevar al Consejo de Ministros durante el mes de marzo, una vez que se termine la redacción y pase por Abogacía del Estado e Intervención General. Deberá tener una “finalidad pedagógica” entre sus principales ejes, enfatizando el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes en la que se considera la mayor fosa común de España.
El siguiente paso será aprobar un decreto para establecer el nuevo marco jurídico aplicable a este lugar y que determinará la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En el texto se declarará extinguida dicha fundación “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Asimismo, se determinará la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de Cuelgamuros.
