El Gobierno quiere intensificar la vigilancia sobre la expansión de los pisos turísticos y quiere hacerlo de manera más exhaustiva de lo que se viene haciendo hasta ahora. Y por eso busca empresas privadas especializadas para rastrear las webs de los grandes portales de alquiler turístico como Airbnb, Booking, Vrbo o Niumba (Tripadvisor) para conocer la oferta de viviendas de uso turístico barrio a barrio y mes a mes.
La Secretaría de Estado de Turismo, a través de la sociedad pública Segittur, ha lanzado un concurso público para contratar un servicio de monitorización permanente de la oferta de pisos turísticos los grandes destinos españoles a través del análisis de los portales online de alquiler para alimentar la gran base de datos pública que constituye el Sistema de Inteligencia Turística.
Hasta ahora se ha venido utilizando la información procedente de la estadística experimental que desarrolla el INE sobre la evolución del parque de viviendas de uso turístico. Pero el organismo público sólo ofrece datos con una periodicidad semestral (con muestras en febrero y agosto de cada año), y el Gobierno quiere una vigilancia mayor y una medición de la oferta de pisos turísticos al menos mensual, según confirman fuentes del Ministerio de Industria a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El objetivo es recabar nueva información para facilitar mejores datos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos concernidos para que puedan adoptar medidas de control y de regulación del alquiler turístico, por ser las administraciones que tienen transferidas las competencias fundamentales al respecto. Los últimos datos hechos públicos por el INE ofrecieron la fotografía
Medición de “fenómenos extremos”El Gobierno busca la “mejora de las capacidades de medición y seguimiento de fenómenos extremos de naturaleza disruptiva que pueden afectar a la competitividad a corto y medio plazo de los destinos turística”, según subraya en la documentación oficial para justificar la contratación de empresas privadas para realizar este trabajo y financiarlos con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto máximo previsto del contrato asciende a casi 300.000 euros, incluidos los impuestos, por tres años de seguimientos (98.000 euros por un año y con opción de prorroga de los servicios por otros dos años más).
“Actualmente se dispone de esta información y se ha comprobado su utilidad de interés por parte del sector turístico, por lo que se plantea la compra a largo plazo de este base de datos”, apuntan desde la compañía pública dependiente del Ministerio de Industria. “Dar continuidad al acceso a los datos sobre viviendas de uso turístico es imprescindible y una demanda constante desde los destinos debido a la falta de una fuente pública lo suficientemente completa para permitir a los responsables públicos del turismo mejorar la regulación y los condiciones de este tipo de oferta de alojamientos turísticos”.
Los planes del Gobierno es dar acceso totalmente público a la evolución mes a mes de la oferta agregada de viviendas turísticas por comunidades autónomas y por provincias a través del sistema Dataestur, y desagregar aún más los datos de manera restringida para las administraciones públicas hasta conocer el parque de pisos turísticos por municipios e incluso por barrio (por secciones censales) a través del Sistema de Inteligencia Turística.
El Ejecutivo busca estrechar la vigilancia sobre los pisos turísticos y ampliar la información disponible. El contrato que se saca a concurso obligará a la empresa adjudicataria no sólo a localizar y a ofrecer datos cuantitativos sobre el parque de viviendas de uso turístico (número de pisos ofertados, número de plazas o porcentaje de pisos turísticos en relación al número total de viviendas censadas), también se requiere medir la evolución del precio medio de la oferta de los pisos, la valoración media que las viviendas obtienen de los viajeros tras su estancia el número de comentarios sobre las viviendas realizados por los clientes.
Con fondos europeosLa Secretaría de Estado de Turismo justifica el uso de fondos europeos para financiar la contratación de este servicio de rastreo de las webs de Airbnb, Booking y otros como parte del plan de crear la futura Plataforma Inteligente de Destinos, una iniciativa incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de esta plataforma es integrar y combinar datos públicos y privados para generar inteligencia competitiva para los destinos turísticos españoles.
A pesar de que las competencias cruciales para poner coto al ‘boom’ de pisos turísticos y regular el fenómeno y sus consecuencias recaen en las comunidades autónomas y en los propios ayuntamientos, el Gobierno central también ha empezado a moverse en un momento en que paliar los problemas de acceso a la vivienda, según el propio Ejecutivo, se ha convertido en un objetivo central de sus políticas para esta legislatura.
El PSOE ha incluido una enmienda en una ley en tramitación para reformar la Ley de Propiedad Horizontal y que sean los vecinos los que deban autorizar la presencia de nuevos pisos turísticos en su comunidad, y no sólo que tengan capacidad para prohibirlos. En línea con la nueva regulación de la UE, el Gobierno también trabaja para la futura puesta en marcha de un registro central obligatorio de pisos turísticos para censar las viviendas legales y evitar la proliferación de oferta irregular.
