La mayoría absoluta conseguida por el Partido Socialista hace menos de un año ha salvado al Gobierno de António Costa por segunda vez en los últimos meses. La moción de censura presentada por el partido Iniciativa Liberal, la cuarta fuerza del Parlamento, ha sido rechazada con 126 votos en contra, 19 a favor y 79 abstenciones. El Ejecutivo da por concluida así una polémica que comenzó la semana pasada y que forzó la dimisión de la secretaria de Estado del Tesoro, Alexandra Reis, y del ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos.
Los principales partidos de derechas han atacado al Gobierno socialista tras conocerse que Reis cobró una indemnización de medio millón de euros por abandonar su cargo en la aerolínea estatal TAP, una compañía que fue rescatada por el Estado y que ha recibido miles de millones de euros de dinero público. Un acto éticamente repudiable, según la oposición, aunque tan solo los liberales y la ultraderecha Chega han votado a favor. El principal partido de la oposición, el conservador Partido Social Demócrata, se ha abstenido. “El primer ministro y el PS añaden una arrogancia resumida en el ‘acostúmbrense’. No nos vamos a acostumbrar”, ha dicho el líder liberal, João Cotrim de Figueiredo.
El primer ministro ha permanecido firme a las acusaciones y ha centrado su discurso en destacar las políticas económicas del Ejecutivo ante la crisis inflacionista y el conflicto en Ucrania. “Cómo se evalúa realmente a un Gobierno, ¿por su composición o por sus resultados?”, ha preguntado Costa, quien ha insistido en que su objetivo está en resolver los problemas “que afectan a los portugueses”.
Desgaste acelerado A pesar del rechazo a la moción de censura, el desgaste del Gobierno de Costa es mucho mayor de lo esperado apenas un año después de las elecciones. Más de una decena de altos cargos del Ejecutivo han abandonado sus funciones, entre ellas la exministra de Salud Marta Temido, que presentó su dimisión en agosto tras el caos registrado en las urgencias de los principales hospitales del país. Otra renuncia sonada fue la del exsecretario de Estado Adjunto, mano derecha de Costa, que se vio envuelto en un caso de presunta corrupción el pasado noviembre.
La mayoría absoluta socialista garantizará la continuidad del Ejecutivo, aunque el presidente del país advierte de los riesgos asociados a la inestabilidad política La salida del titular de Infraestructuras, que se perfilaba como un posible sucesor del primer ministro, ha obligado a Costa a reconfigurar el Ejecutivo con caras conocidas para tratar de minimizar al máximo el impacto del escándalo. La polémica, sin embargo, no ha pasado desapercibida para el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien recibió un pedido por parte del partido ultraderechista Chega para convocar elecciones anticipadas. Rebelo de Sousa descarta por ahora ese escenario pero ha advertido de que seguirá de cerca la reestructuración del Gobierno y de que actuará en caso de que los cambios no sean suficientes.
Oposición en construcción A pesar de las últimas crisis, el escenario de una convocatoria de elecciones antes del fin de la legislatura, en 2026, se plantea por ahora como algo poco probable. La mayoría absoluta socialista es el principal motivo, al que se suma un PSD que sigue sin contar con la fuerza suficiente para ser una alternativa real de Gobierno. La salida del anterior presidente de la formación, Rui Rio, tras el fracaso en las elecciones legislativas abrió la puerta a un nuevo líder, Luis Montenegro, que todavía se encuentra en un proceso de definición de las líneas maestras de su proyecto.
El propio Rebelo de Sousa, de la misma familia política, reconoció la falta de una alternativa en la oposición tras el último escándalo en el Ejecutivo socialista. “El pueblo votó hace poco y además estamos en una guerra y en una crisis económica y financiera. No está claro que haya una alternativa evidente y fuerte a lo que tenemos actualmente. El experimentalismo no es lo mejor para la salud de las democracias”. Por ahora el presidente sigue apostando por la estabilidad y la gobernabilidad en el país, aunque los tres años restantes de legislatura se atisban mucho más complicados de lo previsto para los socialistas lusos.