Las Comandancias de la Guardia Civil de Badajoz, Castellón, Ávila y La Coruña señalaron que fue el teniente general Pedro Vázquez Jarava quien recomendó que se acotara a empresas “concretas”, todas ellas del empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, vinculado con el caso Mediador, o de su entorno, para efectuar reformas en los cuarteles.
Así lo concluyen los agentes de de Asuntos Internos del Instituto Armado tras una investigación que ha derivado en la imputación de ambos en un proceso que instruye en la actualidad el juzgado número dos de Madrid. En concreto, a Sánchez Jarava, al frente de la Subdirección General de Apoyo en el momento en el que ocurrieron los hechos, la Guardia Civil le atribuye los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación.
Badajoz De acuerdo al informe de la Policía Judicial de la investigación interna, en el caso de Badajoz, el comandante accidental de la Comandancia informó que para las obras del acuartelamiento de Fuente de Cantos se consultó a las Subdirección General de apoyo referencia de los contratistas que aplicasen “condiciones técnicas especificas” y fueron a estas empresas a las que se ofertó la obra.
Finalmente, la reforma, que se trataba en concreto de impermeabilización de la fachada y fue ejecutada a finales de 2016, la realizó la empresa Angrasurcor, propiedad del imputado Tejera de León y radicada en Canarias, por un importe de 58.768,47 euros.
Castellón En el caso de la Comunidad valenciana, el coronel jefe de la comandancia de Castellón señaló que fueron recibidos presupuestos de la empresa Angrasurcor para las obras de reparación y pintura de los acuartelamientos de Vall d’Uixó y Torreblanca porque, como había informado el general jefe de la zona, “así lo habían participado desde órganos de la Dirección General, indicando, a su vez, que la Comandancia dispondría de crédito adicional para hacer frente a dichas obras”, tal y como recoge el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Y LA PROVINCIA, ambos periódicos del Grupo Prensa Ibérica.
“Por esta Comandancia no se seleccionó este tipo de obras ni los inmuebles a ejecutar”, expone a los investigadores de Asuntos Internos el jefe de Comandancia de Castellón, que subraya aun así que en esas instalaciones “había deficiencias debido a humedades”. Los importes, en el el caso de Torreblanca, fueron de 59.986 euros; y en el de Vall d’Uixó, de 58.353. Las obras también se ejecutaron en 2016.
En el caso de la Coruña, el Coronel Jefe de la Comandancia señaló a los investigadores que en un correo electrónico remitido desde la Subdirección General de Apoyo se descentralizaron 10.000 euros para “atender diversas reparaciones!”. En concreto, a través de una llamada, se especifica que se debe pintar “una parte de la fachada exterior” de los dos acuertelamientos más deteriorados. Las obras las realizó en 2017.
Ávila En el caso de Ávila, el teniente coronel jefe de la Comandancia, Carlos Alonso, también investigado en Madrid, declaró en sede judicial el 12 de junio de 2019 que el contratista de las obras realizadas en los acuartelamientos de la provincia le fue recomendado por el teniente general Vázquez Jarava “al tratarse de un empresario especialista en imperbealización de fachada y de cubiertas que quería probar un nuevo producto que sería recomendable”. “El subdirector tenía interés que se testeara como era esa impermeabilización para futuras acgtuaciones”.