Los correos electrónicos interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a tres empleados de la Diputación de Badajoz y al diputado del PSOE pacense Francisco Martos Ortiz evidencian cómo esta institución provincial ‘fabricó’ la plaza para el hermano del presidente Pedro Sánchez. Optó por «modificar» el puesto de trabajo de David Sánchez, músico de profesión, para evitar tener que «crearlo» de nuevo, según especifica el informe enviado por la Policía Judicial a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.
De esta forma se eludía, completa el mensaje descubierto por la UCO, «proveer reglamentariamente» este empleo, algo que en ese momento consideraban «inviable».
En concreto, los agentes detectaron entre los emails que recibió el socialista Francisco Martos Ortiz una cadena de mensajes, que se inició el 23 de octubre de 2022, en la que se aludía «a la modificación del puesto de trabajo de ‘Coordinador/a de actividades de los Conservatorios de Música’, que era la plaza de David Sánchez, que pasaría a denominarse como ‘Jefe de la Oficina de Artes Escénicas’.
Artes Escénicas»A ver qué os parece la ficha para la Oficina de Artes Escénicas, habría que añadir las funciones relacionadas con el Conservatorio, supongo, os adjunto también la ficha de «Coordinador de Conservatorio» que el lunes, si la tengo editable uniría a la [de] Artes Escénicas», indica este mensaje incluido en el informe de la UCO, que recibe el socialista Martos Ortiz en su correo oficial de la Diputación de Badajoz.
En un documento adjunto al email se hace una «descripción de funciones» del nuevo empleo, al mismo tiempo que se especifica «la ficha de modificación del puesto de trabajo con ampliación de las funciones del mismo». Y precisamente en la «descripción de funciones», el mensaje, tras destacar que este cambio venía «motivado por la consolidación y crecimiento del programa Ópera Joven», que dirigía David Sánchez, conocido musicalmente como David ‘Azagra’, se aludía de forma concreta a la necesaria «creación de este puesto de trabajo».
Sin embargo, un día después, el 24 de octubre de 2022, uno de los destinatarios del mensaje advertía al resto de interlocutores contra la utilización de la palabra «creación» en la ficha de configuración del empleo: «No habría que hacer mención a la creación de este puesto de trabajo, puesto que lo que se plantea es simplemente un cambio de denominación, con algunas funciones que pueden ser las que tú detallas, así como un cambio de adscripción, bajo la dependencia orgánica del Área de Cultura, en lugar de los conservatorios».
«Se me ha escapado»»Tienes razón con lo de la ‘creación’, se me ha escapado», contesta entonces la entonces directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación, María Emilia Parejo, que en la actualidad es Coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad. Esta empleada de la Diputación de Badajoz está citada a declarar como investigada el 10 de enero.
Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, considera que la creación en 2017 del puesto de trabajo de David Sánchez “no obedeció a necesidades imprescindibles solicitadas por los conservatorios, sino que la idea surgió en sentido inverso a lo que ocurre normalmente”, según indica en un auto de 24 de septiembre.
Declaración como investigadoPor ello, la jueza citó para el 9 de enero en calidad de investigados a David Sánchez, al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario de organización del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a varios responsables del órgano provincial para que declaren en la causa que se instruye desde hace meses por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con la responsabilidad del músico en el programa Opera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación.
No obstante, y en cuanto al presunto incremento patrimonial de David Sánchez denunciado por las acusaciones populares, la jueza destacó que «no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros».
Por su parte, el PSOE de Extremadura ha hecho público un comunicado en el que se muestra confiado en que se demostrará que todo se ha hecho “en función de la legalidad vigente”.
