El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha indicado que el Ejecutivo comunitario «no está en condiciones de formular observaciones» sobre la entrada de la saudí STC en el accionariado de Telefónica y ha subrayado que la «decisión final» al respecto corresponde al Estado donde tiene lugar la inversión, en este caso el Gobierno de España.
Así ha respondido a una pregunta escrita del eurodiputado de IU Manuel Pineda, quien cuestionaba a la Comisión Europea si consideraba la compra una «amenaza a la seguridad» y si pensaba «intervenir para evitar» la entrada de «un régimen absolutista» como el de Arabia Saudí en el sector de las telecomunicación de la UE.
En la contestación, Dombrovskis ha señalado que la UE «está abierta a la inversión extranjera directa (IED) y permite a los proveedores de servicios extranjeros establecerse libremente en su mercado de telecomunicaciones», pero ha puntualizado que «determinadas inversiones pueden constituir un riesgo para la seguridad o el orden público, por lo que la apertura de la UE a la IED debe equilibrarse a través de los instrumentos adecuados».
En este sentido, ha recordado que el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas establece un mecanismo de cooperación que permite a la Comisión y a los Estados miembros «detectar, evaluar y mitigar posibles riesgos para la seguridad o el orden público en relación con la inversión», un reglamento que permite también el control en el sector de las telecomunicaciones.
Esto, ha precisado, «implica que el Estado miembro donde se prevea la inversión, o donde esta se realice, podrá, de conformidad con su mecanismo nacional de control, imponer condiciones o, en casos extremos, prohibir la inversión si llega a la conclusión de que esa IED concreta puede afectar a la seguridad o al orden público en el país o en otros Estados miembros». «La decisión final corresponde al Estado miembro en el que tiene lugar la inversión», ha explicado.
Además, ha apuntado que el artículo 40 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas exige que los operadores «adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar adecuadamente los riesgos existentes para la seguridad de sus redes y servicios».
De este modo, se ha abstenido de manifestarse sobre la entrada saudí en Telefónica. «La divulgación de cualquier información relativa a transacciones específicas socavaría la obligación de la Comisión de garantizar la confidencialidad de la información transmitida en el marco del mecanismo de cooperación», ha concluido.
